La Jornada 6 de agosto de 1998

El ex zar de la aviación, de los que dijeron haber donado fondos al PRI

Víctor Cardoso y Juan Manuel Venegas Ť Gerardo de Prevoisin Legorreta, ex director de Aeroméxico, a quien se llegó a considerar como el zar de la aviación mexicana en 1994, fue detenido en Zurich, Suiza, en cumplimiento de la solicitud de detención que con fines de extradición formuló el gobierno de México ante la Confederación Helvética. En los próximos días, las autoridades de nuestro país formalizarán la petición e iniciará con ello el proceso judicial para traerlo y juzgarlo en tribunales mexicanos.

En su calidad de presidente del consejo de administración de Aerovías de México (Aeroméxico), De Prevoisin Legorreta solicitó y obtuvo préstamos personales, presentando como garantía el patrimonio de esa empresa. Los créditos jamás fueron cubiertos y las instituciones que los otorgaron hicieron efectivas las garantías, provocando un daño patrimonial de más de 72 millones de dólares a la citada compañía aérea.

El ex director de Aeroméxico, prófugo desde diciembre de 1994, es uno de los empresarios que han reconocido haber apoyado económicamente la campaña política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 1994, con 8 millones de dólares, mismos que -según declaró ante una corte federal estadunidense- fueron autorizados por el consejo de administración de Aeroméxico. De acuerdo con esa versión, la ayuda a la campaña presidencial priísta se hizo a ``sugerencia de altos funcionarios'' del país y correspondía a las ``obligaciones'' que en México tienen los empresarios en tiempos electorales.

Asimismo, hace poco más de dos meses viajó a nuestro país Patrick Fievet, fiscal del gobierno de Francia, encargado de indagar las operaciones financieras que en ese país realizó De Prevoisin Legorreta.

Lo que trascendió de las pesquisas de Fievet -que incluso provocaron la reacción del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, cuyo abogado Mariano Albor lo denunció por presunta violación a la soberanía del país- es que mantiene pistas de la posible participación del ex director de Aeroméxico en transferencias que podrían estar vinculadas al lavado de dinero.

Incluso se dijo que el funcionario francés no descarta la posibilidad de que De Prevoisin haya participado en las operaciones que Raúl Salinas de Gortari hizo en Europa y que, según las investigaciones de la procuraduría de la Confederación Helvética, tienen su origen en los sobornos que recibió del narcotráfico.

En un tiempo, zar de la aviación

De Prevoisin Legorreta llegó a ser el empresario más importante de la industria aeronáutica en México al controlar Aeroméxico y Mexicana de Aviación, las dos principales aerolíneas troncales del país. Primero adquirió Aeroméxico, dos años después de la privatización que ganó el grupo encabezado por Pedro Cerisola.

Al inicio de su gestión fundó la Universidad del Aire. Sin embargo, a pesar de haber adquirido también Mexicana de Aviación, la directiva encabezada por De Prevoisin Legorreta siempre fue acusada de tomar decisiones económicas y operativas -como la asignación de las rutas más rentables- para favorecer a Aeroméxico.

Fue en 1994 cuando el ex zar de la aviación se dio a la fuga, luego de que se presentaron cinco demandas en su contra por el desvío de casi 72 millones de dólares en detrimento del patrimonio de Aeroméxico. Incluso una de esas demandas se extendió contra cuatro personas residentes en San Antonio, Texas, las cuales habrían participado en la transferencia de 37.5 millones de dólares hacia una cuenta de inversiones de la empresa Inverword Securities e Inverword Inc., en las islas Caimán.

A la huida de De Prevoisin, Aeroméxico y Mexicana continuaron sus operaciones separadamente, hasta que en 1995 el grupo encabezado por Ernesto Martens Rebolledo conformó Cintra, la actual empresa controladora.

Sin embargo, por medio de capitalizaciones de adeudos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), préstamos de Nacional Financiera y transferencias bancarias de pasivos al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), es el gobierno federal el que detenta alrededor de 65 por ciento de las acciones de Cintra.