A merced de acaparadores, 47 mil familias ixtleras del norte
Víctor Ballinas, enviado, Saltillo, Coah. Ť Como hace 57 años, los ixtleros del desierto chihuahuense -hoy son 47 mil familias de los estados de Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas- están a merced de acaparadores privados y semioficiales que les imponen sus condiciones para la adquisición del ixtle: les fijan bajos precios y ponen topes al volumen de compra.
Esta situación se vuelve a presentar porque la empresa campesina Federación Regional de Sociedades Cooperativas de Producción, Industrialización y Comercialización de Productos Forestales, Agropecuarios e Industriales para el Desarrollo Rural La Forestal, FCL, fundada en 1940 con el apoyo del entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, está prácticamente en quiebra.
Inicialmente la empresa estaba constituida por 79 cooperativas productoras de ixtle de lechuguilla y de palma samandoca. La Forestal nació como el instrumento jurídico y de organización económica que necesitaban los campesinos y ejidatarios de zonas áridas y semiáridas para resolver el problema de acopio de fibra y su transformación industrial, con el fin de comercializarla luego en los mercados nacionales e internacionales.
La Forestal FCL nació entonces para contarrestar los precios de ``miseria y hambre'' que permitían a los acaparadores enriquecerse. Sin embargo, desde el surgimiento de esta empresa, el precio del ixtle lo establecieron las empresas comercializadoras y además existía un convenio que obligaba a La Forestal a vender ixtle a las empresas privadas.
Esta situación se rompió en 1993, cuando delegados y representantes de los ixtleros de La Forestal acordaron no vender más a empresas privadas y resolvieron que el precio no lo establecerían los acaparadores.
Sin embargo, la crisis financiera y la ineficiencia de los consejeros de las pasadas administraciones dejó en manos de empresas privadas el acopio de las fibras y el mercado y ``hoy no existe ningún mecanismo de regulación por parte del Estado''.
Los efectos de la crisis económica y la ``falta de capacitación de los directivos'' llevaron a la empresa a la quiebra técnica. A los funcionarios de La Forestal, que eran designados por los ejidatarios, se les pagaban buenos salarios, se otorgaban prestaciones a los trabajadores -como Seguro Social- y se garantizaba que los precios no fueran demasiado bajos.
En la actualidad La Forestal FCL está constituida por 760 cooperativas localizadas en igual número de comunidades de los estados de Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, en total, 30 mil cooperativistas. Asimismo, los servicios de La Forestal se extienden a 10 mil productores de fibra no agrupados en las cooperativas y que pertenecen a otras 433 poblaciones.
Entre 1993 y 1995, la empresa campesina registró las peores pérdidas económicas. Ya desde 1989, por la caída de los precios internacionales de la fibra, empezaba a acumular pérdidas, además de que el subsidio que se aplicaba al precio de la fibra fue retirado a los campesinos.
Ese año también los funcionarios de La Forestal solicitaron a Pronasol aplicar proyectos para el desarrollo de la zona ixtlera.
Entre 1989 y 1993, por errores de la administración se empezaron a acumular adeudos al personal sindicado y al de confianza que comenzaron a cobrar sin trabajar, pues no había liquidez para el acopio de la fibra y a poner en operación las fábricas a toda su capacidad, hasta que en diciembre de 1993 estalló la huelga.
Como el paro se prolongó un año, los funcionarios de ese entonces no pudieron hacer frente a las cuotas del IMSS ni a los pagos de luz, agua, predial e impuestos fiscales.
De esa forma, a mediados de 1994 la deuda de La Forestal ascendía a 16 millones de pesos, 5 millones 800 mil pesos de los cuales se debían al gobierno de Coahuila por un préstamo para la liquidación de los sindicados, salarios caídos y prestaciones adeudadas con anterioridad que fueron motivo de la huelga de 1994.
A Conasupo se le deben 4 millones de pesos, pues esta paraestatal pagó por adelantado a La Forestal por un contrato para producir sacos de ixtle.
Al Instituto Mexicano del Seguro Social se adeudan 4 millones de pesos por cuotas de los trabajadores, pues tenía personal en exceso en las áreas improductivas, es decir, de operación y administración.
Por la liquidación de personal improductivo se pagaron 3 millones 500 mil pesos, 2 millones por el pago de servicios e impuesto y 850 mil pesos al Fondo Nacional de Empresas Solidaridad.
Desde la quiebra de La Forestal los ejidatarios ixtleros se quedaron sin seguridad social y a merced de los acaparadores, quienes van de una a otra comunidad en busca del ixtle a bajos precios.
Héctor Barrón fue electo el año pasado gerente de La Forestal por 20 por ciento de las cooperativas ixtleras, luego de que éstas tomaron las oficinas ante el anuncio de que tanto la fábrica como las propiedades estaban en venta y ante la negativa de la anterior administración -electa para el periodo 1994-1996, pero que se prolongó hasta 1997- de convocar a elecciones.
Las instalaciones están abandonadas, casi saqueadas, en una inmensa planta industrial con equipo obsoleto, que las cooperativas quieren echar a andar después de siete meses sin movimiento. Las vieja maquinaria data de principios de siglo. ``Ahí radica su valor'', asevera Barrón.
En entrevista , el actual gerente general dijo que ``los problemas de organización no los enfrentaron a tiempo las anteriores direcciones de la empresa; se acumularon adeudos derivados de las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo y, al no poder resolverlos, los funcionarios empezaron a vender las propiedades para pagar a los trabajadores''.
Por esa razón los ejidatarios recuperaron la planta el 8 de septiembre de 1997 y sacaron a los funcionarios de la vieja administración. Ahora la actual directiva de La Forestal enfrenta juicios laborales, y en breve interpondrá denuncias y demandas por ``robo, saqueo, abuso de confianza y enriquecimiento ilícito de funcionarios''.
Barrón señala que el anterior gerente general, Pedro Lara Torres, el consejo de vigilancia que presidía José Barron Rodríguez y el presidente del Consejo de Administración, Jesús Sandoval Serrano, tienen responsabilidad en los hechos.
Uno por uno, los expedientes que encontraron en la administración son revisados por asesores de la nueva dirigencia empresarial.
``Vamos a rescatar el patrimonio, vamos a pedir la revisión de las ventas de terrenos y propiedades de La Forestal, en Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y Zacatecas. Vamos a interponer todos los recursos necesarios jurídica y legalmente. Vamos a defender el patrimonio de los campesinos'', sostiene Barrón.
Hubo corrupción y complicidades de gobierno, y hoy todavía ``parece que desde el mismo gobierno quieren liquidar la empresa campesina, para borrar todo, para que no queden huellas de la corrupción que se efectuó y del despojo de los campesinos del desierto'', asevera el nuevo gerente general.
Consejeros de La Forestal se enriquecieron. Un caso es el de ``José Briones, en Matehuala, San Luis Potosí, pero también los hay en Nuevo León y Coahuila'', aseveran los asesores de La Forestal.
Es más, mediante la investigación que se realiza, se supo ``que Raúl Salinas contrató a la empresa Simex para efectuar un estudio en Europa de la demanda de la fibra, y luego Simex se quedó con contratos de La Forestal y ahora exporta en nombre de la empresa campesina'', sostiene.
Diconsa ``puso en aquellos años toda su infraestructura para la comercialización del ixtle, y ante la inoperatividad de La Forestal, funcionarios de Diconsa fueron nombrados en Simex''.
La Forestal, sostiene Barrón, debe ser investigada a fondo por ``la corrupción y las complicidades gubernamentales desde las secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura y del Trabajo, así como del Seguro Social, entre otras''.
Los nuevos funcionarios se entrevistaron ya en la ciudad de México con diputados y funcionarios, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo y el director del IMSS, Genaro Borrego, con gente de Conasupo y de la Secretaría de Desarrollo Social.