Condenan órdenes religiosas y ONG el cateo a una casa marista en Tijuana
José Antonio Román y Jorge Alberto Cornejo, corresponsal Ť La Conferencia de Institutos Religiosos de México (CIRM) condenó enérgicamente el cateo a la casa de los hermanos maristas en la ciudad de Tijuana, que se realizó en horas de la madrugada y con el pretexto de buscar drogas y armamento. En tanto, ayer llegaron desde Roma diversas cartas de solidaridad en favor de la orden religiosa y reprobando el acto judicial.
A su vez, los superiores provinciales de los maristas: Enrique Escobar Zúñiga, de la región Occidente, y Alfonso Fernández Peña, de la Central, exigieron a las autoridades de Baja California el esclarecimiento de los hechos y una explicación convincente al respecto. Asimismo, ofrecieron todo su apoyo a Manuel Franco, superior de la comunidad marista en Tijuana.
Escobar Zúñiga señaló que aun cuando existió orden judicial para revisar la casa de los maristas, el juez federal séptimo de distrito, Juan José Ortega, giró dicha orden con base en una denuncia anónima, lo cual contraviene seriamente los procedimientos legales.
Sin embargo, pidió a la opinión pública nacional e internacional que este hecho no distraiga su atención de lo que ocurre actualmente en el estado de Chiapas, pues podría ser una acción realizada con este objetivo. Entre las múltiples cartas de solidaridad internacional se encuentra la de la Casa Central de los Maristas, en Roma.
En Tijuana, la Academia de Derechos Humanos de Baja California (ADHBC) presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la delegación estatal de la Procuraduría General de la República por el cateo registrado el pasado fin de semana, como parte de un operativo antidrogas.
Raúl Ramírez Baena, representante de la ADHBC, señaló que si bien es cierto que la comunidad de Baja California apoya los esfuerzos gubernamentales para erradicar el tráfico de enervantes y armas, como una manera de reducir los índices delictivos, es reprobable que sea la propia autoridad la que genere ese clima de violencia e inseguridad.
La queja señala que durante la revisión a la casa de los religiosos hubo uso excesivo de la fuerza pública, por lo que se solicita que sean revisados los procedimientos que utiliza la autoridad judicial federal para expedir órdenes de cateo y analizar, en el caso de la revisión a la casa de los maristas, si dicha orden estuvo debidamente justificada y fundada, y en caso contrario, que el caso se turne al Consejo de la Judicatura Federal.
La comunidad jesuita expresó también este martes una enérgica protesta ante las autoridades federales estatales y municipales ``para que los actos de prepotencia, autoritarismo y violencia cesen de una vez por todas'' en esta frontera.
Por medio de una carta pública, el sacerdote Humberto Barquera Gómez, rector de la Universidad Iberoamericana Noroeste, con sede en Tijuana, señaló que el cateo a la casa de los maristas es un hecho reprobable al haber sido ejecutado en cumplimiento de una orden obsequiada por el juez séptimo de distrito con base en una denuncia anónima de que los religiosos poseían drogas y armas.
En su reunión del pasado lunes, la junta directiva nacional de la CIRM --órgano colegiado que reúne a los provinciales y superiores de todas las órdenes religiosas en el país--, acordó emitir una enérgica condena por los hechos ocurridos en Tijuana, ya que el cateo se realizó en la propia casa de los maristas --no en el colegio-- con lujo de violencia, a altas horas de la noche, como parte de un operativo antidrogas y con serias irregularidades en la expedición judicial de la orden de cateo.
El documento, que se hará público en las próximas horas, llevará la rúbrica del presidente de la CIRM, el provincial de los misioneros del Espíritu Santo, Jorge Ortiz.