Uno de los temas que surge con frecuencia en torno al cambio de rector en la UNAM, es si la persona que ocupará el cargo que dejará vacante José Sarukhán, será otra vez un científico o si, en cambio, el puesto será ocupado por un humanista, o un tecnólogo. La pregunta que surge es si el área de la que proviene un rector puede ser determinante en el desempeño de su cargo y consecuentemente en la marcha de la institución.

Desde hace aproximadamente un cuarto de siglo, el cargo de rector ha sido ocupado principalmente por investigadores, alternándose entre las ciencias sociales (como Pablo González Casanova o Jorge Carpizo) y las ciencias naturales (como Guillermo Soberón o José Sarukhán). En este lapso, se observa que las profesiones liberales ceden el paso a la investigación. Esto es importante pues indica que esta actividad esencial de la Universidad Nacional, adquiere un papel central. Puede decirse que el último representante de las profesiones liberales fue el ingeniero Javier Barros Sierra y aunque casi una década después de su rectorado fue electo por la Junta de Gobierno el doctor Octavio Rivero Serrano, la tendencia señalada no parece verse afectada dado que las profesiones además se han venido transformando en el seno de la UNAM jaladas por la investigación. Por ejemplo, la ingeniería y la química han evolucionado hacia la investigación tecnológica y la medicina hacia la investigación clínica (como en el caso de Rivero) o biomédica básica. Es curioso que en la convocatoria que hace pública la junta de gobierno para abrir el proceso de auscultación, el perfil académico exigido a los candidatos preve una escolaridad mínima de bachiller, lo que además de reconocer a este nivel educativo como parte esencial de la universidad, parece muy ajeno a la realidad actual de la UNAM (Hoy seguramente algunos pedirían el grado de doctor y el nivel III del SNI).

Si bien la investigación ha adquirido en los últimos años la hegemonía en la representación universitaria, existen notables diferencias entre las distintas áreas que la integran, no solamente en sus formas particulares de proceder, sino en sus concepciones sobre aspectos medulares del quehacer universitario. Tomemos, por ejemplo, el problema de la evaluación, que en mi opinión, constituye uno de los puntos más graves de desacuerdo entre los universitarios.

La evaluación es una práctica normal en la universidad que forma parte de los procedimientos establecidos por la legislación para la selección y promoción de su personal académico. Hasta donde yo recuerdo, este procedimiento no generó nunca problemas. Todo el mundo sabía que para ingresar a la UNAM debía cumplir con los requisitos que establecía la propia ley y las necesidades particulares de cada dependencia. Todo el mundo sabía que para ocupar una categoría mayor había que someterse a un concurso sancionado por los órganos de gobierno de las facultades, escuelas, centros e institutos. Pero en la actualidad la situación ha cambiado radicalmente.

El origen de este cambio, como todos los universitarios lo saben, es la naturaleza de la relación entre la universidad y el gobierno que obliga a las instituciones de educación superior a definir reglas más precisas de evaluación para obtener sus recursos. Esto se irradia hasta un nivel en el que el salario del personal académico queda condicionado a nuevos ejercicios de evaluación como los programas de estímulos que vienen a sumarse a los establecidos en la propia legislación universitaria. El efecto es doble. Por un lado se añaden estos mecanismos paralelos y por otra parte los sistemas tradicionales son fuertemente influidos por los nuevos criterios.

En 1984 al crearse el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se produjeron varias disputas en torno a los criterios para la evaluación del trabajo científico entre los investigadores de las ciencias naturales y exactas y los de las áreas sociales, humanisticas, la ingeniería y la tecnología. Los primeros plantearon un modelo muy claro en el que se privilegia un elemento cuantitativo (el número de artículos) y otro cualitativo (La revista en la que se publica y el número de citas obtenidas). Los problemas no se hicieron esperar, aunque al final se llegó a una solución salomónica en la que cada una de las áreas definiría sus propios criterios aunque sobre el principio básico de publicaciones y citas. Esto muestra cómo pueden expresarse estas diferencias.

Este mismo esquema de evaluación se trasladó indebidamente a la UNAM, pues aún aceptando que pudiera ser de utilidad en el SNI, no lo es necesariamente para la universidad, simplemente porque la UNAM no es el SNI, sus objetivos son distintos. Además de la investigación sus funciones básicas incluyen a la docencia y la difusión.

Sea cual sea la procedencia del nuevo rector: científico, humanista o tecnólogo, tendrá que buscar la unidad de los universitarios y deberá plantearse un examen serio de los sistemas de evaluación.