En Edomex, presos más de un año por defender sus tierras

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Ciudad de México. Desde hace más de un año, seis pobladores de la comunidad de Salazar, ubicada en el municipio de Lerma, estado de México, permanecen en la cárcel, acusados falsamente de robo y privación de la libertad, como una represalia por defender sus tierras de un grupo de inversionistas que las compró de forma ilegal a representantes del pueblo vecino de San Mateo Atarasquillo, denunciaron familiares y abogados de las víctimas.

En conferencia de prensa, explicaron que debido a la “ubicación privilegiada” de sus tierras –a unos metros de la autopista México-Toluca, por la zona de La Marquesa-- diversos empresarios han intentado apoderarse de 57 hectáreas propiedad de comuneros, para realizar ahí proyectos inmobiliarios.

Dichos terrenos fueron vendidos en 2014 por representantes de San Mateo Atarasquillo, debido a que esa comunidad registró a su nombre de forma irregular las 210 mil hectáreas que componen a Salazar a finales de los años 40 del siglo pasado, situación que fue conocida por los pobladores afectados apenas tres décadas después.

Luego de impugnar dicho registro, finalmente los pobladores de Salazar lograron que el 18 de agosto de 2017 el Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito reconociera que sus tierras les pertenecen, lo cual fue ratificado en octubre de 2018 por el Tribunal Superior Agrario.

Pese a ello –y con el objetivo de despojarlos de todas maneras de sus tierras, según los habitantes del pueblo afectado--, el 30 de agosto de 2017 se realizó un operativo con más de mil elementos del Ejército, la Marina y diversos cuerpos policiacos, quienes aprehendieron con lujo de violencia a ocho personas, acusadas de robo y privación de la libertad por el representante legal de varios de los compradores de sus tierras.

En dicha ocasión, los uniformados cometieron uso excesivo de la fuerza, golpearon y amenazaron a diversas personas, sin mostrar orden de cateo ni de aprehensión, con el argumento de que no las necesitaban, porque la orden de detenerlos venía “de muy arriba”.

Los abusos, lamentaron los habitantes de Salazar, provocaron daños sicológicos a varios menores de edad, y ocurrieron en medio de una virtual “toma” de la comunidad, donde los policías, marinos y soldados también robaron las pertenencias de los detenidos y dañaron gravemente sus domicilios.

Aunque dos de los detenidos lograron recuperar su libertad, luego de pagar una fianza de más de 400 mil pesos, desde el 31 de agosto del año pasado siguen recluidos los seis restantes, aunque los cargos en su contra no tienen sustento, aseguraron los familiares de las víctimas.

Los familiares de las víctimas reiteraron que los cargos en contra de sus seres queridos no tienen sustento y llamaron al próximo gobierno federal a cumplir su promesa de liberar a los presos políticos de todo el país.

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