Paz exige mejor sistema de justicia, dice ministro Cossío

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Ciudad de México. El proceso de pacificación propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tendrá éxito si antes no se invierte en mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia, advirtió José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

“Si no se invierte en capacitación, en entrenamiento (de policías, agentes del Ministerio Público y otros funcionarios), y no se da cuenta uno de la gravedad de los asuntos, tratar de pacificar una sociedad y generar una amnistía, cuando atrás de eso o junto a eso no existió un proceso de mejoramiento del sistema de justicia, se va a perdonar a unos y después se va a incurrir en los mismos defectos y esto es muy doloroso para las víctimas”, alertó Cossío tras la presentación de un informe sobre el tema de la organización civil México Evalúa.

En entrevista colectiva, el ministro enfatizó la necesidad de identificar mediante informes y evidencias cuáles son los problemas que tiene el sistema judicial de México, entre los cuales está la falta de capacitación de los cuerpos de policía, la saturación de los Ministerios Públicos y la falta de servicios periciales eficientes a nivel nacional.

Por todo lo anterior, subrayó que “las ideas que se están planteando sobre la paz, sobre la necesidad de restablecer el tejido social y pacificar sectores son importantísimas, pero eso tiene como precondición el hecho de que tengas un sistema de justicia penal sólido, eficiente, que castigue a quien tiene que castigarte no castigue a quien no tiene que castigar”.

Las declaraciones de Cossío tuvieron lugar en el marco de la presentación del informe “Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México. Hallazgos 2017”, elaborado por México Evalúa y la Fundación Friederich Naumann, en el cual se advierte sobre las diversas fallas que tiene el modelo de justicia penal acusatoria.

Entre ellas, alertaron los autores del estudio, se encuentra la ausencia de coordinación integral y falta de articulación de los sistemas judiciales, las deficiencias en el sistema de registro de información, la falta de capacidad de los cuerpos policíacos y el descontrol en el aparato de reclusorios del país.

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