Gobierno español buscará y exhumará a los desaparecidos de la Guerra Civil

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Madrid. España es, después de Camboya, el país con más gente enterrada en fosas comunes y sin identificar. La mayoría de esos restos mortales fueron enterrados durante la Guerra Civil y en los 40 años de la dictadura fascista de Francisco Franco, con lo que se calcula que hay varios centenares de miles de personas sumidas en el olvido de algún paraje solitario a lo largo y ancho del país. Para superar esa “anomalía histórica”, la nueva ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, anunció una reforma de la Ley de la Memoria Histórica en la que el Estado asumirá esas tares de búsqueda y exhumación, además de ilegalizar a organizaciones que hagan apología del régimen represor, como la Fundación Francisco Franco, que recibe año a año generosas ayudas públicas.

La Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1976) son heridas aún sin cerrar en la sociedad española. Sobre todo por los miles de descendientes de fusilados, ejecutados y desaparecidos, la mayoría del bando republicano, que se encuentran enterrados en fosas comunes. En los años de la guerra y en los primeros de la dictadura se intensificaron las ejecuciones masivas, muchas de ellas sin un proceso judicial previo, que sembraron de dolor todo el país. Entre esas miles de personas enterrados en parajes solitarios y sin ni siquiera una placa que rememore aquellos hechos e identifique a los que ahí yacen, se encuentra el poeta Federico García Lorca, el mayor poeta del siglo XX en lengua española. Fue enterrado, según la mayoría de sus biografías y estudios históricos, en el barranco de Visnar, en las inmediaciones de Granada, donde se calcula que hay entre tres mil y tres mil 500 personas enterradas en fosas comunes. Los restos mortales de García Lorca todavía no se han localizado.

El nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez, que asumió el poder hace sólo un mes y medio después de sacar adelante una moción de censura contra su predecesor, el derechista Mariano Rajoy, por los numerosos casos de corrupción, pretende cambiar las cosas en relación a las víctimas del franquismo. La única ley que existe para ayudarlas en sus labores de búsqueda y resarcimiento de sus figuras es la de memoria histórica, que aprobó el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), que permitió otorgar subvenciones públicas a las asociaciones y organizaciones que se dedicaban a las exhumaciones y búsquedas. Pero durante los últimos seis años en los que ha gobernado el PP se dejaron de otorgar estas ayudas, con lo que siguieron con sus labores pero gracias al trabajo de voluntariado y a las ayudas esporádicas que recibían de organizaciones internacionales.

Con la reforma de la ley que ahora pretende sacar adelante el nuevo gobierno socialista habrá importantes cambios. Entre ellos que el Estado asumirá las labores de búsqueda y exhumación, para lo que creará una dirección de la memoria histórica en la que contratará a forenses y antropólogos que realicen estas labores. Además se anularán las sentencias de los tribunales franquistas, para limpiar la memoria de las víctimas. También pretenden realizar el primer censo oficial de las víctimas de la dictadura que yacen en fosas comunes e ilegalizar a las asociaciones que hagan apología de ese régimen criminal.

 

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