Reduce Macri presupuesto de Argentina

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Buenos Aires. Mediante un decreto publicado este martes en el boletín oficial, el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri determinó que finalizará a fines de este año el convenio de asistencia técnica con las universidades una modalidad por la cual unos 7 mil trabajadores contratados en distintas áreas del Estado serán despedidos, decisión que se conoce a sólo horas de una marcha multitudinaria de protesta realizada la víspera contra el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que demanda profundizar el ajuste y contra los despidos entre otras medidas que han llevado a una severa crisis al país.

Esto además de congelar los salarios a la Administración Pública Nacional hasta diciembre de 2019, disponiendo además que el 1° de enero de este mismo año, quedarán rescindidos los contratos firmados con universidades, tanto públicas, como privadas en la nación y la provincia, lo que significa dejar en la calles a trabajadores con por lo menos cinco años de antigüedad.

Asimismo se estipula que esos trabajadores despedidos no pueden ser contratados con otra modalidad ya que se congelan las contrataciones y designaciones de personal “de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias hasta el 31 de diciembre de 2019” y, en segundo lugar, porque la norma aclara que “no podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales” como se hacía a través de las universidades.

Alejandro Fernández, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en esta capital advirtió que el decreto posibilita más despidos recordando que ya se ha eliminado áreas enteras en estos últimos tiempos. Y también advierte que se autoriza la revisión del régimen de empleo de empleo, contratación y de la estructura salarial entre otros puntos que permitirán más despidos.

Aunque funcionarios del gobierno sostuvieron que serán cinco mil 800 los despedidos, la cifra no condice con la de los gremios y el decreto abre posibilidades muy precisas para otra serie de despidos masivos.

Ante esta situación la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro comunicado contra la política económica del presidente, que juzgaron como contraria a la emancipación económica que hoy debemos celebrar(referidos a la fecha de la independencia argentina el 9 de julio de 1816) y al acuerdo pactado con el FMI, cuyas consecuencias “recaerán sobre trabajadores y jubilados”, criticando los condicionamientos de ese orgamismo internacional.

“Como si no hubieran transcurrido 202 años de aquella declaración independentista”, la CGT recuerda “que cualquier acción favorable a intereses foráneos o a representantes de los mismos, por encima de los propios, constituye simple y llanamente un avance contrario a la emancipación económica que hoy deberíamos celebrar”.  

Añade el texto que el sometimiento al FMI agrava la situación de los trabajadores argentinos condicionando, lo que en el futuro significará la pérdida de derechos “por imperio de sus condenables formas hegemónicas comprobables doquiera que este organismo internacional se ha inmiscuido”.

Este día la justicia resolvió la reintegración de los trabajadores despedidos por la Agencia nacional de Noticias Télam, ante la presentación de los abogados y hay una tensa espera en estas horas sobre los que pueda suceder, mientras los 354 trabajadores despedidos, junto a los que aún se quedan, permanecen en la sede de esa agencia, acompañados en todo momentos por una permanente presencia solidaria de todos los sectores.

La mañana de este martes frente al mismo edificio de la CGT se concentraron miles de mujeres para realizar un “pañuelazo” agitando sus pañuelos verdes, para exigir la aprobación de la legalización del aborto seguro y gratuito, ante el silencio de los directivos del organismo sindical, para trasladarse luego ante el Congreso de la Nación, mientras el Senado debate la ley aprobada por la Cámara de Diputados.

Por otra parte, a sólo meses del veto del presidente Macri a la ley del Congreso que ponía un freno a los tarifazos, integrantes de la Coordinadora Regional del Oeste y diversas organizaciones sociales del municipio de Moreno  tomaron una sede de la empresa| eléctrica Edenor ante la imposibilidad de pagar las tarifas de electricidad.

Manifestantes ingresaron al edificio exigiendo que no se corte el suministro eléctrico a quienes no pueden pagar las altas cifras que vienen en las facturas, ya que tienen que elegir entre “pagar o comer”. Esta modalidad se está dando en distintos municipios del provincia de Buenos Aires , agravada en las últimos días la situación por el intenso frío que azota al país.

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