Construyen puente en Cuajimalpa sin aval de comuneros, denuncian

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Ciudad de México. Ante la prisa de las autoridades salientes a nivel federal y local por imponer el puente intervecinal (PIV) en La Venta, delegación Cuajimalpa, pobladores y comuneros denuncian que, de manera arbitraria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobierno capitalino iniciaron la construcción del puente sin el aval de El Contadero y San Mateo Tlaltenango. Los comuneros aseguran que la asamblea agraria no ha otorgado su autorización para la obra en sus terrenos comunales, y se sumaron a El Contadero para de defensa de su territorio ancestral.

La madrugada del pasado 6 de julio, trabajadores contratados por el gobierno iniciaron la obra para sustituir el actual puente de La Venta, consecuencia de la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle de México. Indígenas y vecinos sostienen que no se llegó a ningún acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT, ni como con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (CDMX).

 “Las autoridades impusieron el proyecto de construcción sin tomarnos en cuenta, no garantizaron solución a nuestras demandas, decían que conocíamos el proyecto de obra del nuevo Puente PIV La Venta cuando no es así, y pretendían que firmáramos para obtener el aval e iniciar la construcción, cuando debía ser consultado a todo el pueblo para su posible autorización de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

A su vez, comuneros del San Mateo Tlaltenango sostienen que su Asamblea General de Comuneros no autorizó la venta ni convenio alguno para que en su territorio las autoridades hagan un área recreativa con concha deportivas, "y mucho menos se ha dado el aval para que se inicie el nuevo Puente PIV La Venta dentro de la propiedad comunal". Acusan que tanto los representantes como su abogado "han sido cooptados por la SCT para dar un aval ilegal, pues compete sólo a la Asamblea, por lo que decidimos unirnos al El Contadero para defensa del territorio ancestral".

Insisten en que la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal (CDHDF) es cómplice de las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas ya que, sigue sin admitir la denuncia presentada el pasado 11 de junio por el Pueblo de El Contadero. Hacen un nuevo llamado a la presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez Hernández, para que admita la demanda, imponga medidas cautelares "y cumpla con su responsabilidad de velar imparcialmente por los derechos humanos de los pueblos originarios como de todos los habitantes de la CDMX".

Del mismo modo, hacen un llamado al ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, para supervisar que el desempeño de jueces y magistrados en materia administrativa en la CDMX en torno a los diversos amparos sobre el Tren Interurbano, "sea con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia ya que el juez tercero de distrito, Martín Adolfo Santos Pérez, ha violentado el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y la Constitución al agraviar los derechos fundamentales del pueblo indígena de El Contadero", concluyeron.

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