Protestan en Buenos Aires por despido de 354 periodistas

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Buenos Aires. Miles de manifestantes acompañaron a los 354 periodistas despedidos de la estatal Agencia de Noticias (Télam) entre ellos colegas de diversos medios, sindicalistas, movimientos sociales y políticos en una marcha desde el Obelisco hasta el Centro Cultural Kirchner reclamando la reincorporación a los despedidos, mientras en la Plaza de Mayo desde hace una semana, encadenados a rejas y cubiertos con frazadas, bajo un intenso frío, los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido en el Atlántico Sur el pasado 15 de noviembre, exigen la verdad, y una nueva búsqueda sin respuestas del gobierno de Mauricio Macri.

En el acto de los periodistas despedidos además de denunciar el intento del gobierno de terminar con los medios estatales, se advirtió que también intenta callar al periodismo como lo planteó Mariano Suárez, delegado de la comisión interna de Télam quien exigió que "se detenga el proceso de vaciamiento de los medios públicos".

Consideró que es una violación a la libertad de expresión y que la administración macrista los quiere silenciar “nos quieren obedientes, nos quieren sumisos, pero se equivocaron de enemigo" y especialmente cuando se quiere imponer una reforma laboral para lo cual necesita el silencio de la prensa.

En tanto el gobierno intentó desalojar este miércoles a los familiares de las víctimas en la desaparición del ARA San Juan, a la vez que dejó sin efecto el contrato con una empresa que iba a emprender una nueva búsqueda. El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes, dijo que desde enero pasado esperan que el presidente dicte un decreto de Necesidad y Urgencia para ordenar la búsqueda como se había adelantado pero el ministro de Defensa, Oscar Aguad, les comunicó que hubo cambios que no se contratará a una empresa y que ”de ahora en más el tema fue delegado a la Armada lo que consideró que es una forma de desentenderse del problema". La mayoría de los familiares que se enteraron que estaban siendo espiados por el gobierno considera que este no quiere que se conozca la verdad y anunciaron que seguirán con su lucha.

Esto sucede en un día intenso, donde el gobierno anunció que no habrá desfile militar el próximo 9 de julio cuando se conmemora el día de la independencia nacional (1816) evitando así que los militares se adelataran anunciando, a su vez, que no desfilarían, descontentos con un aumento de ocho por ciento sobre sus salarios ya depreciados por la creciente inflación.

Mientras continúan las advertencias sobre una crisis y hasta la posibilidad de quiebra del gobierno actual, como se mencionó en diarios europeos, con la consigna de “No al FMI. La patria no se rinde” diversos sectores convocaron a una marcha para el lunes 9 de julio, que “será mucho mayor que la multitudinaria del pasado 25 de mayo, que unió a todos los sectores y a los partidos de la oposición, en momentos en que los movimientos sociales llegaron este jueves a las puertas de los supermercados a pedir comida, lo que habla de una realidad que el gobierno no quiere ver.

Revés para Macri

El presidente Macri además del tema militar tuvo otro fuerte revés cuando el bloque oficialista de Cambiemos intentó que se aprobara en diputados el nombramiento del mejor amigo del mandatario Nicolás Caputo como cónsul honorario en Singapur, encubierto en una lista de 32 candidatos, 31 de los cuales fueron designados en otros países, pero el bloque del Frente para la Victoria puso en evidencia la maniobra del gobierno y finalmente no se pudo votar el nombramiento al quedarse sin quórum.

De ser nombrado tendría una serie de privilegios e inmunidades como autorización para representar los negocios de Singapur en Argentina con beneficios para ese país, franquicias especiales, libertad de circulación, inmunidad de jurisdicción, quedando fuera del alcance de la justicia, libertad de comunicación que incluye la "valija consular", que no puede ser abierta ni retenida por las autoridades de Aduana argentina e incluso en caso de requerimiento judicial, Singapur podría rechazar el pedido, lo que fue calificado como una escandalosa maniobra gubernamental.

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