Gómez Urrutia pide a EPN intervenir en conflicto en Peñasquito

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Zacatecas, Zac. Al cumplirse once días del bloqueo que realizan transportistas de carga y ejidatarios a la mina de oro a cielo abierto Peñasquito, de la trasnacional canadiense Goldcorp, en el municipio de Mazapil Zacatecas, Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), solicitó al presidente Enrique Peña Nieto, así como al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, “de la manera más atenta y respetuosa, su intervención directa para tomar las providencias necesarias de intermediación”, y resolver el conflicto existente.

Paralelamente, los más de 120 transportistas, integrantes del Sindicato de Transportistas de Mazapil, denunciaron este lunes que el bloqueo persiste porque la minera Goldcorp incurrió en un “incumplimiento de contrato” para el acarreo y transporte de materiales en ese mineral, “al otorgar unilateralmente y casi en su totalidad el acarreo de materiales a una empresa española denominada EPSA, además de haber entregado el trabajo de obra civil –donde ellos también participaban-, a la compañía nacional ICA – Fluor.

El pasado viernes 1 de junio, los transportistas bloquearon completamente el acceso principal del complejo minero, ubicado a 310 kilómetros al noroeste de la capital de Zacatecas, con protestas contra los directivos de Peñasquito, quienes suspendieron los contratos de servicios a los camioneros, sin previo aviso y dejando de lado compromisos adquiridos años atrás.

Al día siguiente, Michael Harvey, director de asuntos corporativos y seguridad de Goldcorp para toda América Latina, desacreditó a través de un comunicado de prensa la manifestación de transportistas, quienes, dijo, son un “grupo minoritario”, y demandó al gobierno de Zacatecas “hacer valer el Estado de Derecho”, es decir, desalojar mediante el uso de la fuerza pública a los manifestantes.

Para el martes 5 de junio las cosas se polarizaron cuando Michael Harvey comenzó a hacer apariciones públicas inusuales, concediendo entrevistas a noticieros de radio y televisión de la capital de Zacatecas, así como a periódicos, inconforme porque el gobierno de Alejandro Tello Cristerna, en un signo de “debilidad”, no ordenaba a la fuerza pública liberar los accesos a la minera, tomada -insistió- “por un grupo minoritario de transportistas, que quieren extorsionar a Peñasquito”, dijo, en una “acción delincuencial”.

Ese mismo día Fabiola Torres Rodríguez, secretaria General del Gobierno de Zacatecas, salió a responder los señalamientos de Michael Harvey, y aclaró en una entrevista radial que en efecto había manifestantes en los accesos de Peñasquito, “pero están de forma pacífica, en la entrada de la mina”, y advirtió que estos “son transportistas de la comunidad, no se trata de un grupo menor, no es un grupo pequeño”.

A nombre del gobierno de Zacatecas, Torres Rodríguez además recordó a Michael Harvey que “cuando la empresa minera llegó a Mazapil, se comprometió a que iba a generar un desarrollo también para la comunidad, y eso implica también darles trabajo a los habitantes. Son 120 transportistas los que han estado laborando con la mina, y entra una empresa, que está desplazando a la gente de la comunidad”.

Once días después, el conflicto persiste, y la mina sigue bloqueada, aunque no ha dejado de realizar sus procesos de extracción de minerales del subsuelo y procesamiento metalúrgico de oro, plata, cobre, zinc y plomo, porque dadas sus dimensiones, en el interior del complejo minero de 5 mil 400 hectáreas, existen dormitorios, comedores, un hospital, estación de bomberos y un aeropuerto propio, donde laboran alrededor de 2 mil 800 trabajadores de la mina y subcontratistas.

En este contexto, Napoleón Gómez Urrutia solicitó al gobierno estatal y federal intervenir, pues el bloqueo, se aseguró a través de un comunicado, “está afectando la economía de más de 20 mil trabajadores directos e indirectos de la zona, cuyas familias en estos momentos viven en la zozobra y la incertidumbre en el futuro inmediato”.

“Apelamos al buen juicio de los actores en conflicto, así como al interés público y social como ejes del entendimiento y la razón que debe imperar por el bien de todas las familias que dependemos de esta importante fuente de trabajo”, concluyó Gómez Urrutia.

Por su parte, la Unión de Transportistas y Trabajadores del Municipio de Mazapil, recordó este lunes, a través de un comunicado de prensa, que Peñasquito – Goldcorp, desde el año 2009, tienen contratos firmados con la minera para el acarreo de material pétreo, agua en pipa, proveeduría de diferentes mercancías y servicios, “pero dicho acuerdo fue violado por los representantes de la mina”.

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