Colectivo #SeguridadSinGuerra llama a declarar inconstitucional LSI

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Ciudad de MéxicoLas organizaciones y personalidades que se agrupan en el colectivo #SeguridadSinGuerra llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a declarar inconstitucional la ley de seguridad interior (LSI), al considerar normaliza el uso de una ineficaz estrategia contra la delincuencia.

Destacaron que lejos de garantizar seguridad ha generado incontables violaciones a las garantías fundamentales.

La implementación de esta norma, señalaron, “agravará las condiciones de violencia e inseguridad que todos los días se viven en las calles del país. No hay evidencia de que la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos.

Por el contrario, desde que participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.

El colectivo –integrado por más de 250 organizaciones civiles y más de cien especialistas a título individual— enfatizó que es tal el riesgo de esta norma que actores como la CNDH, el INAI, gobiernos locales, legisladores federales, ong y periodistas han promovido “un número histórico” de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra la LSI.

La SCNJ tiene el desafío, subrayaron, de ser un contrapeso democrático para detener una ley que contiene diversas disposiciones que violan diversos derechos y transgreden la Constitución y los tratados internacionales, ya que “contiene conceptos vagos e imprecisos, y faculta a las fuerzas armadas a actuar sin mecanismos de control ni transparencia reales”.

Dijeron compartir la urgencia por atender los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, “pero la forma de enfrentarlos debe ser compatible con nuestro marco constitucional y con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas”.

Ubicaron algunos de los aspectos “preocupantes” de esta ley: no distingue claramente los conceptos de seguridad pública, interior y nacional, sino que atribuye a las fuerzas armadas tareas de seguridad que constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles; no establece plazos definidos de duración de las intervenciones federales, “estos pueden ser modificados, así como el objetivo de las mismas, conforme se desarrolla la intervención”.

Tampoco se prevén principios claros para el uso legítimo de la fuerza en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas; no se determinan mecanismos de control y rendición de cuentas para las autoridades que cometan abusos y violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la ley. La legislación viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad; y aumenta la incertidumbre jurídica, el riesgo y los costos de la defensa de derechos humanos.

Queremos vivir en un contexto de paz y sentirnos seguros, para eso necesitamos estrategias integrales que no generen más violencia. Continuar dependiendo de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, debilita la formación y fortalecimiento de un Estado democrático. Estas tareas corresponden a las autoridades civiles. Es por estas razones que hacemos un respetuoso llamado a las y los ministros de la SCJN a fortalecer el balance que debe mantenerse en la relación cívico militar y detener la militarización de la seguridad pública. Del mismo modo consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos. Exhortamos a las y los ministros a que defiendan la Constitución y declaren inconstitucional la LSI”.

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