Labor de activistas, fundamental para la democracia: ACNUDH

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San Salvador Atenco, Mex. El Titular de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas en Derechos Humanos (ACNUDH) en México Jan Jarab, afirmó que por la magnitud, coyuntura política y riesgo de conflictividad social que habrá en el país —debido a las elecciones generales— podría incrementarse el riesgo sobre la labor de los defensores de derechos humanos.

Sostuvo que el trabajo de esos activistas debería ser un orgullo nacional pues exige un altísimo compromiso y valentía; pero que a menudo son desprestigiados u obstaculizados e incluso son agredidos.

Al acudir a la explanada del poblado mexiquense, San Salvador Atenco, en donde se reunió con representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que luchan contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y defensores de la tierra y agua en esa entidad, Jan Jarab señaló que la labor que desempeñan es fundamental para un estado democrático.

“En este año que apenas empieza, Carlos Rodríguez, Lupita Campo Amor, Pamela Montenegro, son ya tres víctimas que pagaron su valentía con su vida, y Agustín Silva aún sigue desaparecido. Pero no solamente sus voces se han acallado, hay otros muchos tipos de ataques, amenazas, acoso judicial, despojo, daño de material de trabajo, incluso criminalización, y también estas represalias arrebatan a la sociedad de sus voces más críticas, son tal vez menos visibles, pero inhiben la labor y fomentan la autocensura”, dijo.

Destacó que el estado de México es en el que más personas reciben protección del Mecanismo de Protección de Derechos Humanos, lo cual demuestra la peligrosidad de ese territorio para su quehacer.

Abundó que la oficina que preside se ha mantenido alerta y ha seguido con atención los casos de las mujeres denunciantes de agresiones y víctimas de tortura del caso Atenco; de las agresiones en Coyotepec y Tecámac por su lucha por el derecho al agua; y en la defensa de sus territorios están los casos del FPDT en Atenco y la comunidad de Xochicuautla. “Estás personas defensoras no han estado exentas de ataques, acosos o criminalizaciones”, aseveró.

Sostuvo que es necesario proteger a los defensores de DDHH y a quienes defienden el agua, la tierra, el medio ambiente; los que luchan por el acceso a una vivienda digna, a la libertad de expresión, a la justicia; los que combaten la violencia contra las mujeres en todas sus formas, y a los familiares de las personas desaparecidas. Aseguró que ese deber recae, naturalmente, en el Estado.

“Por supuesto estamos conscientes de cómo esa labor es particularmente importante y también peligrosa cuando se enfrenta a la política de megaproyectos que junta intereses políticos y económicos y a menudo genera una fuerte deslegitimación, estigmatizando a las personas defensoras como enemigas del desarrollo. La respuesta a esa necesidad, tiene que pasar por estrategias claras y reales para proteger a los defensores; pero de nuevas agresiones en su contra y combatir la impunidad que persiste.

“En este marco cabe destacar la necesidad de consultar a los pueblos indígenas, antes de emprender proyectos económicos que afecten sus territorios. Urge que estas consultas sean verdaderamente previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas, y evidentemente que sean consultadas también las comunidades no indígenas cuando los proyectos afectan a sus intereses”, expresó.

 

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