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Demandan a gobierno de Trump por separar familias de inmigrantes

AP

Houston, 11 de marzo .— La Unión Americana de Libertades Civiles presentó el viernes una demanda colectiva contra el gobierno federal en la que lo acusó de separar a las familias inmigrantes que piden asilo.

La demanda amplía la iniciativa que tomó la ACLU _siglas en inglés del organismo activista_ en el caso de una mujer congoleña y su hija de 7 años, que según el grupo fue separada de su madre "gritando y llorando" y colocada en una institución en Chicago. Aunque la mujer quedó libre el martes en San Diego, su hija permanece en la institución a 3.200 kilómetros (2.000 millas) de distancia.

Defensores de los inmigrantes dicen que el caso es representativo de la estrategia aplicada por el gobierno del presidente Donald Trump. La demanda, interpuesta ante una corte federal de distrito en San Diego, le pide a un juez que declare ilegal la separación de familias, y dice que las autoridades de inmigración han dividido a cientos de ellas.

La demanda también plantea el caso de una mujer brasileña que según la ACLU fue separada de su hijo de 14 años cuando pidieron asilo en agosto. Según el organismo activista, la mujer fue sentenciada a 25 días de cárcel por ingresar ilegalmente al país y luego enviada a un centro de reclusión en Texas mientras que su hijo fue trasladado a Chicago.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) no ha anunciado una decisión oficial de separar a los solicitantes de asilo adultos de sus hijos, pero funcionarios del gobierno han dicho que separan a padres de hijos para disuadir a otros de tratar de entrar a Estados Unidos.

El departamento declinó comentar el viernes acerca de la demanda.

El secretario de prensa interino del DHS, Tyler Houlton, dijo en un comunicado previo sobre el caso de la mujer congoleña y su hija que los funcionarios deben verificar que los niños no son víctimas de traficantes y que los adultos que los acompañan son efectivamente sus padres.

En documentos judiciales presentados el miércoles, el gobierno dijo que aguarda los resultados del análisis de ADN para confirmar que la mujer y la niña son madre e hija.

“Pedimos al público y a los medios de comunicación que vean con el nivel de escepticismo que se merecen las afirmaciones de grupos activistas de que estamos separando a mujeres y niños por otras razones distintas a la de proteger al niño”, afirmó Houlton.

Es difícil determinar con qué frecuencia los padres y los hijos son colocados en instalaciones separadas después de que solicitan asilo, el cual se le concede a la gente que tiene un temor creíble de ser perseguida si se le obliga a regresar a su país de origen.

Distintas agencias gubernamentales son responsables de retener a adultos y niños. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detiene a los adultos acusados de violaciones a las leyes de inmigración, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos atiende a los niños inmigrantes que no están acompañados de un adulto.

Activistas en pro de los derechos de los inmigrantes criticaron al gobierno del presidente Barack Obama por abrir nuevas instalaciones de detención en Texas y pidieron la liberación de padres e hijos. En 2015, un juez determinó que las dos instalaciones en ese estado abiertas por el gobierno en esa época violaban un acuerdo alcanzado en 1997 que requería que los niños fueran liberados o de lo contrario se les mantuviera en el “escenario menos restrictivo” disponible.

Ese acuerdo estableció otros estándares para la detención de niños. El gobierno de Trump ha pedido ponerle fin a dicho acuerdo como parte de sus exigencias para que haya cambios en las leyes de inmigración.

Altos funcionarios gubernamentales han dicho creer que el proceso de asilo está abrumado por personas que hacen afirmaciones frívolas. Los activistas también han acusado a agentes fronterizos de obligar ilegalmente a que personas que solicitan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México regresen a sus países.

Michelle Brané, directora del programa de derechos y justicia para los migrantes de la Comisión de Mujeres Refugiadas, dijo que, por medio de abogados y organizaciones de servicio social, ella había identificado a cuando menos 426 adultos y niños inmigrantes a los que las autoridades habían separado desde que el presidente Donald Trump asumió el puesto en enero de 2017. Indicó que no tenía una cifra comparable del gobierno de Obama.

Pero Brané dijo que, desde que el nuevo gobierno entró en funciones, su oficina ha recibido mucho más reportes de adultos detenidos en instalaciones del ICE que no saben dónde están sus hijos.

“Muchos de estos niños ya tienen miedo porque están huyendo de algo y saben que están huyendo de algo”, afirmó Brané. “Y el hecho de que se los lleven, eso puede ser devastador para un padre”.