En un posicionamiento público dirigido al Congreso de la Unión, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna) alertó sobre “los potenciales riesgos e impactos en la estrategia anticorrupción del Estado”, en caso de aprobarse la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo federal en la que se propone la transferencia de las facultades de esta instancia a la Secretaría de la Función Pública.

Roberto Moreno, secretario técnico de la Sesna, expuso que, en primer lugar, ello “compromete los fundamentos de coordinación y colaboración en que todas las instituciones del Estado mexicano deben comprometerse para controlar y combatir la corrupción en el país”.

La iniciativa propuesta, agregó, “puede afectar el pacto federal, ya que al modificar la Ley General del SNA, detonaría un efecto en cascada de reformas a las leyes que en el ámbito federal y estatal materializan el artículo 113 de la Constitución”. Explicó que eso significaría “la clausura de una visión nacional de combate a la corrupción y la concentración de la responsabilidad en el Poder Ejecutivo”.

Moreno rechazó que la Sesna duplique funciones con otro ente público, como lo refiere la iniciativa. Por el contrario, “al centro de su mandato yacen las articulaciones de distintas voces y fortalezas institucionales anticorrupción”.