Al cumplirse ayer 100 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, los padres y madres de los jóvenes lamentaron que el caso “esté estancado”, ya que cuando el gobierno federal tenía que tomar la decisión de enjuiciar a los militares implicados, “faltando al compromiso, a la ética, a la verdad y a la justicia, optó por no hacerlo y mejor dar un paso atrás”.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes, refirió que el gobierno federal “había hecho el compromiso de esclarecer y llegar al fondo de los hechos topara donde topara y sin importar quiénes son los responsables… (pero) ese tope llegó en el mes de septiembre pasado en medio de esta discusión de la militarización, de los acuerdos políticos del Presidente con los militares y reformas que dan más facultades al Ejército”, y con la cancelación de órdenes de aprehensión contra elementos castrenses.

En la marcha que mes con mes llevan a cabo los padres y madres de los estudiantes, que salió del Ángel de la Independencia y terminó en el Hemiciclo a Juárez, el litigante señaló que ante este contexto, en el que además se presentó un informe desde la Comisión para la Verdad sobre lo que presuntamente habría sucedido con los jóvenes, cuya “columna vertebral son unos chats que no están sustentados científica y técnicamente”, se erosionó la confianza y el diálogo.

Aunque Rosales reconoció que en la investigación que lleva a cabo este gobierno en un principio “había todo el empeño, se creó un mecanismo extraordinario para intentar dar respuesta y esclarecer los hechos de Ayotzinapa y que venía caminando, en una investigación fuerte y grande”, con un ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en prisión, al igual que con la detención de otros implicados, como Alejandro Tenescalco, ex supervisor de la policía municipal de Iguala, a partir de septiembre pasado “se llegó a un punto de quiebre”.

Rosales añadió que “tenemos una investigación estancada y un Ejército intocable” y subrayó que la posición de los padres de familia para continuar con el diálogo con el gobierno federal es que se deben reactivar las 21 órdenes de aprehensión canceladas, la gran mayoría contra militares.

Por otra parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de redes sociales, reconoció “el infatigable y digno” caminar de las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a 100 meses del inicio “de este crimen de naturaleza continuada”.