La relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, guarda el recorte de un periódico del sexenio pasado con una declaración en la que Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), declara: “La señora Arosemena no sabe nada del caso Ayotzinapa”.

Hoy, el ex jefe policiaco está prófugo en Israel, con una orden de captura pendiente ya formalizada por el gobierno mexicano. Y la comisionada, que además es coordinadora del seguimiento del organismo interamericano sobre la investigación de la noche de Iguala desde los primeros momentos de la intervención de la CIDH en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, argumenta: “Zerón fue un gestor de las fórmulas que se dieron para obstruir la investigación. Por lo tanto, su extradición a México es clave” para el esclarecimiento de los hechos.

Por ello, en las recomendaciones emitidas hoy por la CIDH al Estado Mexicano, se incluye el seguimiento “a la puesta en disposición de la justicia del extitular de la AIC”. Y aunque reconoce las dificultades que representa la inexistencia de un tratado de extradición entre Israel y México, la Comisión “urge al Estado de concentrar sus esfuerzos para evitar la dilación excesiva en la conducción de este procedimiento internacional y el cumplimiento oportuno de las órdenes de aprehensión” en su contra.

“Y lo menciono a él –agrega-- porque dirigía la unidad” que se encargó del encubrimiento. “Tenemos que asegurar que todos los responsables, Zerón y todos los funcionarios que utilizaron estos mecanismos de desconstruir, para engañar a las víctimas, madres y padres, sean juzgados. El análisis científico se exige para asegurar respuestas técnicas que nos permiten decir: ¿43 cuerpos quemados, en el basurero de Cocula? Imposible. En esa construcción ya está probado que hubo un operativo para obstaculizar las investigaciones y precisar qué había pasado con esos jóvenes”.

En entrevista con este diario, en víspera de la asamblea que se realizó esta mañana en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Arosemena también se refiere a la reunión que tuvo anteriormente con el nuevo fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, quien asumió el cargo sin experiencia previa en la investigación. “Le expresé la complejidad de este caso; que es conveniente tener a su alcance todos los recursos necesarios; que tiene que rodearse de personas que realmente puedan contribuir para que el manejo de la información tenga toda la utilidad indispensable”.

Explicó que la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), con su nuevo titular, tendrá hasta diciembre el apoyo técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Por ahora solo dos de los cuatro expertos que conformaron originalmente el grupo aún permanecen asignados al caso, Ángela Buitrago y Carlos Beristain.

La decisión de reducir a dos especialistas la misión del GIEI se tomó el mes pasado a raíz de que el Grupo Interdisciplinario denunció la “intromisión indebida” de la Fiscalía General de la República. A lo anterior, la relatora explicó que “esa extensión de tiempo hasta diciembre es un tiempo importante para esta fase final, porque termina de recabar, evaluar y verificar la información que faltaba por hacer. Ese es el compromiso que se asume”.

En una visita anterior, en marzo de 2019, la relatora de la CIDH –que fue jueza de la Suprema Corte en su país, Panamá-- recomendó al gobierno mexicano establecer “una nueva narrativa como punto de partida” de la investigación, que dejara atrás la mal llamada “verdad histórica”, del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, hoy preso.

Y Arosemana subraya que esto “es un logro del GIEI. Hay que decir que no fue un trabajo simple, fue un trabajo de mucha coordinación, de muchas exigencias de parte del propio GIEI para tener acceso a la información, para hacer contacto con documentación que había sido muy difícil de obtener. Eso fortaleció las líneas de investigación necesarias”.

Interrogada sobre la posibilidad real de que el proceso de investigación culmine con la judicialización de los señalados como responsables, respondió que es necesario “sustentar todas las órdenes de aprehensión que están en proceso” por parte del nuevo fiscal. “Lo que planteamos como comisión al Estado mexicano es que cumpla con nuestras recomendaciones y las del GIEI. Hay que asegurar que las instituciones responsables de la investigación tengan todos los elementos, los recursos y las facilidades para asegurar que ese material probatorio tenga la suficiente fuerza para asegurar una judicialización efectiva”.

En su informe, la CIDH recomienda fortalecer la independencia de los poderes. En México con frecuencia hasta el mismo Presidente lamenta la falta de independencia del poder judicial. A ello, la comisionada responde: “Yo he sido jueza, como juzgadora tu tienes que hacer valer frente a todos los poderes tu independencia, pero ¿quién investiga? No son los jueces. Quien investiga es el ministerio público, las fiscalías. La independencia tiene que estar también en las otras autoridades para la efectividad de un proceso. Porque si como fiscal no se hacen bien las cosas ¿qué pasó con las autoinculpaciones, las torturas? ¿Cuál es la consecuencia?, sencillamente el juez no puede ignorar eso. Por eso se debe cuidar el debido proceso, la debida diligencia. Se tiene que cuidar al juez pero también investigador”.