Ciudad de México. Las “intromisiones inexplicables” del fiscal general Alejandro Gertz Manero para descarrilar el trabajo del ex fiscal de la unidad especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, representan un retraso significativo en los resultados que los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos esperan desde hace ocho años. Y ponen en riesgo las averiguaciones a las que está sujeto el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien en su momento fabricó una versión falseada del crimen.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa admitió que esta actuación del fiscal Gertz, que significa una ruptura en el acuerdo de creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), obstaculiza los procesos de judicialización que ya había avanzado de manera importante y que forzaron la renuncia —“muy lamentable”— de Gómez Trejo, a quien reconocieron su profesionalismo, independencia y ética.

Estas “interferencias y obstáculos” de la FGR al proceso podrían retrasar la investigación para el esclarecimiento y la justicia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y otros crímenes relacionados por tres o cuatro años más.

Además, “a pesar de las múltiples evidencias aportadas” sobre su responsabilidad en la fabricación de la llamada “verdad histórica” y participación de la tortura contra detenidos en busca de declaraciones autoinculpatorias, “se corre el riesgo de que no se dicte una condena”, con la resultante impunidad que perdura ya ocho años desde los hechos de Iguala.

Los cuatro integrantes del GIEI -Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz, Angela Buitrago y Francisco Cox- ofrecieron una rueda de prensa de casi tres horas para dar a conocer los hallazgos de su tercer y último informe. Según el mandato que acordaron en 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto, los familiares de los normalistas desaparecidos y asesinados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecieron como fecha de vigencia de sus labores de coadyuvancia el 30 de septiembre.

Es decir, hoy deberían concluir su labor. Sin embargo, los expertos informaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas les pidieron prorrogar este término. Aunque AMLO les pidió que se quedaran en México hasta el fin de su sexenio, en 2024, ellos prolongarán sus trabajos en el país al menos un mes.

En este lapso se harán los peritajes de las transcripciones que finalmente les entregó la Secretaría de Defensa Nacional, después de años de negar su existencia, con los chats que registran desde antes de 2014 la estrecha colaboración de corporaciones de seguridad, incluidos militares, funcionarios estatales y municipales con el narcotráfico, en la ya conocida y documentada conexión Iguala-Chicago.

Estas intercepciones de teléfonos lo que demuestran es el funcionamiento de la “macrocriminalidad” con autoridades civiles y castrenses, explicó la penalista Paz y Paz, ex fiscal general de Guatemala.

Una unidad especial sin carpetas, sin policías, sin MP

A su vez Ángela Buitrago reconoció que, a pesar de las acciones que han dificultado en los últimos meses el trabajo del propio grupo, de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y la Unidad especial, confían en la voluntad política del presidente López Obrador para llegar al fondo del caso, “porque él mismo nos lo dijo y porque, como comandante supremo de las fuerzas armadas, fue quien ordenó que se abrieran los archivos de la Sedena, que fue lo que finalmente permitió el acceso a información importante que se necesitaba corroborar”.

Esto, a pesar de que el GIEI “toma nota con preocupación” que la UIELCA se quedó sin policías y sin ministerios públicos que conozcan a fondo el expediente. “Sólo una persona pudo haber dado esta orden”, sostuvo Buitrago, sin mencionar directamente el nombre de Gertz.

Esta orden se emitió después de que el fiscal especial Gómez Trejo solicitara 83 órdenes aprehensión, entre ellas de las 21 militares. Indicaron que el GIEI, hasta la fecha, desconoce los fundamentos de esta decisión del juez correspondiente, quien lo único que les informó es que acató una petición de un ministerio público. Esa orden de desistimiento “fue emitida con criterios ajenos a la investigación”.

Francisco Cox precisó que los expertos advirtieron “las interferencias” de la FGR y la ruptura de los lineamientos de la UEILCA a partir de agosto. Primero, cuando, en el contexto de la detención y procesamiento del ex procurador Murillo Karam, la FGR comisiona a una agente del MP ajena a unidad especial sin conocimiento de la carpeta de investigación. “Se dejaron de incluir evidencias y antecedentes probatorios que hubiesen fortalecido el caso”.

“Los lineamientos que se establecieron en el acuerdo del 26 de junio (la creación de la UEILCA) fueron rotos por el propio fiscal general. Documentamos en el informe III del GIEI que hubo obstáculos iniciales para la ejecución del cumplimiento de este mandato encomendado”. Añadió que “se llegó al extremo de despojar de las carpetas de investigación” a los MP de la unidad especial que llevaban tres años trabajando con información y diligencias que en el gobierno anterior estuvieron paralizadas en las extintas PGR y SIEDO. Fue, precisamente, personal que había trabajado en la SEIDO quien quitó las carpetas a los agentes de la fiscalía especial que presidía Omar Gómez.

Otra muestra de esta ruptura fue observada cuando “la unidad se quedó sin policías que asistieran a las investigaciones y que pudieran llevar diligencias. Todos los policías que el GIEI vio directamente en distintas opostunidades habían desaparecido y había instrucción de que no siguieran laborando para la UEILCA. Sólo una persona puede dar esa instrucción”, dijeron, sin mencionar el nombre de Gertz.

Caldo de cangrejo para el teniente

Una de las consecuencias de la “inexplicable intromisión” de la FGR en las últimas semanas fue la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, entre ellas las de militares y civiles cuya responsabilidad está demostrada en las evidencias presentadas tanto en delitos de delincuencia organizada como en la desaparición de los normalistas.

Uno de ellos es quien fungía como comandante del 41 batallón de infantería durante los hechos, el coronel Rafael Hernández Nieto. Este nombre aparece en varios chats entre miembros del cartel Guerreros Unidos y sus superiores, dando cuenta de la colaboración que les brindaban corporaciones militares.

Estas operaciones de trasiego de droga en autobuses de línea forman parte del expediente de Ayotzinapa como trasfondo que explica la razón de la despiadada persecusión y agresión a los normalistas y también está documentada por la DEA, que en su momento colaboró con el GIEI.

Los mensajes enviados y recibidos en teléfonos Blackberry, que fueron recopilados y transcritos por la DEA como parte de su averiguación sobre la conexión Iguala-Chicago, y estaban en poder de la PGR, fueron solicitados por el GIEI desde 2015 y negados. Solo fueron entregados en julio de este año. Las transcripciones de estos chats fueron analizados por la UEILCA. De ahí se desprendió la responsabilidad de varios funcionarios cuyas órdenes de aprehensión fueron solicitadas por el fiscal especial y fueron revocadas por un juez a petición de la FGR.

Entre los cómplices de Guerreros Unidos son identificados militares, alcaldes y policías de Ixtapa de la Sal, Taxco, Cocula e Iguala y hasta un trabajador del SEMEFO. “Había acceso directo del grupo de GU al C4 y a documentos de la policía estatal”, se concluye.

Un ejemplo contenido en el informe y leído por Claudia Paz y Paz: un miembro del cartel avisa durante estos intercambios: “Voy a ir a Telu (sic) a traer cosas y a ver al coronel Nieto para que todo esté bien”.

La experta dijo que hay al menos 12 mensajes en los que se hace mención a la complicidad de militares con los traficantes de cocaína. En estos se habla de jales que se hacen de manera conjunta, de “estar comiendo” o “llevarles comida” a oficiales y uno que habla de “llevarle al teniente su caldo de cangurejo”, error de dedo por decir cangrejo, que en el argot de los bajos fondos alude al movimiento de las pinzas de un cangrejo que también significa lana, dinero; es decir, sobornos.

Otro nombre mencionado en los chats transcritos y corroborados es el del capitán José Martínez Crespo, a quien mencionan como alguien que los ayuda “a que no tengamos pedo” en el comercio ilegal. En los hechos de Iguala, Crespo, actualmente preso, aparece en varios escenarios del crimen: llegó a la barandilla de la comisaría de Iguala a donde habían llevado a algunos normalistas que finalmente no fueron procesados sino desaparecidos; estuvo en el Hospital Cristina amenazando a otros estudiantes que se habían refugiado ahí y donde pidieron que fuera atendido el estudiante Aldo Gutiérrez, quien perdió la mandíbula de un balazo de los policías que atacaron a los jóvenes y quien no recibió esa noche atención médica pese a su gravedad.

Hay conversaciones en las que se refieren a la Marina o marinela, se habla de regalos y floreros, es decir, droga y dinero.

Varios capítulos del “Informe Ayotzinapa III”, que se entregó a la Covaj y al presidente en febrero de 2022 y fue hecho público ayer, describen y despliegan pruebas de esta colaboración de militares y civiles con la macrocriminalidad transfronteriza.

Nuevas Evidencias a partir de los archivos militares

Nuevamente ante los medios de comunicación, en una conferencia con más de un centenar de informadores, los cuatro expertos dieron cuenta de su trabajo en medio de un clima crispado por las acciones de la FGR, las resistencias de la institución castrense, el descabezamiento de la fiscalía especial y el desistimiento de las órdenes de aprehensión logradas con tanta dificultad.

Sin embargo, puntualizaron que “antes no teníamos ni la certeza ni las pruebas que hoy tenemos. Sí hay avances. En esta última etapa hemos recibido mucha información que nos permite ver una parte de la verdad que nos había sido esquiva”.

Y de manera inequívoca, pese a los intentos de algunos periodistas de amarrar navajas entre ellos y el presidente, reconocieron la voluntad política de AMLO.

El informe sostiene que desde enero de 2020, el GIEI insistió en recabar toda la información en poder de las instituciones de seguridad pública y el acceso a sus archivos. El titular de la SEDENA general Cresencio Sandoval entregó “alguna información” entre enero y marzo.

“Sin embargo –explica el GIEI– fue necesaria la intervención del presidente” y el apoyo de Encinas para obtener el acceso total a partir de abril de 2021, cuando se logró empezar la revisión completa de los archivos. Dan cuenta de que hubo varias reuniones del presidente con ellos y la cúpula de la SEDENA.

Encontraron que los archivos escamoteados estaban concentrados en un Centro Regional de Inteligencia en el norte de Iguala (CRFI) y en unidades militares llamadas FCA (Formato Cifrado Arcano; y GAOI (Grupo de Análisis de Orden Interno”. Pero a la fecha todavía no se tiene la información completa. Este es el mayor acervo de información de los hechos de Iguala.

IF, un joven soldado, víctima también

Entre otros, se sabe que el seguimiento de los estudiantes es anterior al 26 y 27 de septiembre; monitoreaban sus actividades de boteo y los preparativos de las protestas del 2 de octubre. “Eran blanco de inteligencia”. Por eso tenían a jóvenes militares infiltrados, como el caso de IF, que se encuentra entre los desaparecidos. Realizaba espionaje como órgano de Búsqueda de Información (OBI). La ultima vez que el 51 Batallón tuvo contacto con él fue el 27 de septiembre, un día después de los hechos.

También hay evidencias de que militares recibieron denuncias anónimas sobre el posible paradero de los estudiantes, posibles responsables y operaciones del crimen organizado. Pero estas no se compartieron para ser investigadas. Por ejemplo, un mensaje emitido desde el 50 batallón en Chilpancingo dice: “…en el puerto de Amatitlán hay una persona de nombre Pedro alias El Perico, junto con “el Cadera”, que tienen a los estudiantes normalistas desaparecidos en el río Balsas …ya mataron a 15 de los estudiantes, a 5 los metieron en tambos de ácido para deshacer sus cuerpos y a 10 les pusieron piedras en sus cuerpos para que se hundieran en la laguna. Tienen una parte de los estudiantes en una casa de 2 pisos en frente del corral de toros, ahí vive el Pescado, integrante de Guerreros Unidos”. Esta información nunca se entregó a la PGR.

En un análisis de los militares se concluye de que Murillo Karam “tuvo el error de intentar cerrar el caso de manera inmediata y calificarla de ´verdad histórica´”.

También indicaron que en este tercer informe hay nuevas evidencias sobre los presuntos torturadores y asesinos de Julio César Mondragón, el estudiante que fue encontrado en las inmediaciones del enfrentamiento la noche del 26 de septiembre en Iguala. Este joven mexiquense, casado y con una niña pequeña, fue desollado vivo y, según una última autopsia, sufrió al menos 64 fracturas.

Por último Carlos Beristain reconoció que en estos ocho años las mamás y los papás de los muchachos desaparecidos han sido maltratados y revictimizados, no solamente con “la verdad histórica” de Murillo Karam, sino en muchos otros momentos de versiones falsas y contradictorias.

“Ellos siempre le han dicho a las autoridades: ‘pónganse en nuestro lugar, piensen que es un hijo suyo el que está desaparecido. No nos mientan nunca. Este es un ejercicio que tiene que ser permanente”.