Chihuahua, Chih., El Ministerio Público de la Fiscalía de Chihuahua concluyó ayer la formulación de cargos contra el ex priísta César Horacio Duarte Jáquez, y lo acusó de peculado y asociación delictiva, ambos delitos con penalidad agravada, por un desfalco equivalente a 96.6 millones de pesos que desvió a sus empresas y le permitieron aumentar su patrimonio con la compra de predios y ganado cuando fue gobernador.

La audiencia de imputación contra Duarte se inició el viernes a las 9 horas y se extendió tres días, sumando más de 36 horas de duración, hasta concluir la noche del domingo con el debate de las medidas cautelares.

El juez de control del fuero común, Humberto Chávez Allende, dictó la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de un año, y la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 72 a 144 horas para responder a la acusación, por lo que Duarte comparecerá en audiencia de vinculación o no a proceso penal el próximo miércoles a las 8 horas.

La prisión preventiva es proporcional al caso porque el imputado fue detenido en el extranjero por una solicitud de extradición, y garantiza su presencia en las etapas posteriores del proceso penal, además, el imputado no demuestra tener arraigo en la ciudad de Chihuahua pues huyó del país, argumentó el juez Chávez Allende para la imposición de la medida cautelar.

El sábado, Duarte usó silla de ruedas y requirió del auxilio de un paramédico para atender la audiencia, pues tuvo dolores de espalda debido a una hernia inguinal, además de presión arterial alta, mientras ayer no reportó complicaciones de salud e informó que se estabilizó su presión arterial.

La fiscalía había solicitado que Duarte permaneciera recluido en el Cereso 1 San Guillermo, ubicado en la zona conurbada de esta ciudad, y refirió que enfrenta otras 19 órdenes de aprehensión, 18 del fuero común y una federal, que eventualmente podrán ser materia de proceso penal en su contra.

A estos argumentos añadió que, de quedar el imputado en libertad condicional, podrá influir en testigos o coimputados, más porque los sobres con la identidad de los testigos protegidos de la causa penal fueron conocidos por él y su defensa durante la audiencia, y posee un importante poder económico, político y social.

Los abogados pedían la medida cautelar de firma periódica y el impedimento de salir del país, argumentando que Duarte nunca huyó de la justicia, y fue localizado en Estados Unidos porque pidió asilo político en ese país, en ejercicio de un derecho humano.

Dijeron que Duarte tiene un domicilio fijo en Estados Unidos, no cuenta con antecedentes penales, carece de salud óptima, por cuatro cirugías en la espalda y su presión arterial se encuentra alta; la prisión pone en riesgo su vida, es arbitraria, desproporcionada y violatoria de los derechos humanos.

Duarte tomó la palabra al término de la audiencia y aseguró que “es el tiempo de regresar para dar cara a la justicia, yo sí creo en la justicia, tengo confianza en el Poder Judicial de Chihuahua, donde hoy por hoy veo una libertad y ausencia de intromisión, que por desgracia sí hubo en la administración anterior (de Javier Corral)”.

Reviró contra el ex gobernador panista que “es vergonzoso y por cinco años usó todos los recursos para perseguirme y fabricarme delitos, hoy me da risa cómo se fue armando esa persecución; la única obra que se planteó el anterior gobierno era tenerme en la cárcel, se dijeron mentiras mil veces, al grado de que se las creyeron”.