Monterrey, NL. La bancada del PRI en el legislativo estatal presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para que se sancione con penas de 2 a 9 años de prisión a quien robe cualquier material que afecte el óptimo funcionamiento de las escuelas, escuelas públicas y privadas, y se castigue, independientemente del monto de la afectación.

Así lo hizo ese grupo parlamentario a través de su coordinador, el diputado Heriberto Treviño Cantú, quien explicó que en la actualidad el Código Penal, sólo sanciona el robo de bienes a instituciones educativas cuando el valor de lo sustraído sobrepasa los cuatro mil 500 pesos, por lo que propone que la sanción sea en todos los casos que afecte los servicios de alumbrado, energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable, servicio sanitario, drenaje pluvial, gas o señalización de cualquier plantel público o privado.

“Hemos escuchado las voces de muchos maestros y padres de familia que nos dicen que las escuelas no están en óptimas condiciones, que así los niños no podrán regresar a clases por aquellos maleantes que se dedican a dañar los planteles educativos y ya es necesario que tengan un castigo severo”, denunció.

Durante los más de 19 meses que de confinamiento por la pandemia de Covid-19, se han denunciado 159 robos a escuelas en la entidad, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia estatal; solo de abril del año pasado a diciembre de ese año se tuvieron en la entidad 141 robos a planteles educativos.

Mientras, en el primer trimestre del año en curso, señala la fuente oficial, suman 18 casos en que los ladrones dejan aún en peores condiciones las instituciones educativas.

La iniciativa fue presentad por Treviño Cantú en la Oficialía de Partes del Congreso local, en la que propone reformar la fracción XI del artículo 374 del Código Penal.

Refirió que, en momentos en que cientos de alumnos ya están listos para reintegrarse a las aulas, muchas escuelas están dañadas en sus instalaciones y carecen de internet. “Se busca sancionar con 2 a 9 años más de prisión a quien robe, traslade, adquiera, reciba, posea o venda cualquier material que sea utilizado para la prestación de los servicios de cualquier institución educativa, sin importar el monto de lo robado.

“Insisto en que es la voz de maestros y sociedades de padres de familias que nos dicen que los planteles educativos están en muy malas condiciones, y tenemos que castigar a estas personas, ya que dejan una escuela sin cableado, por ejemplo, y reponerlo cuesta hasta 120 mil pesos”, afirmó.

El coordinador priista reiteró que se busca proteger la infraestructura escolar para una mejor reactivación académica y reducir las conductas delictivas que afectan e impactan en los servicios educativos.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Nuevo León dijo mantener la campaña "¡Échale un ojo a tu escuela!" en redes sociales, para exhortar a los vecinos a estar alerta y ante cualquier situación sospechosa, invitan a los vecinos a hacer sus reportes directamente al número de emergencia 911.