Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados negocian incluir a los trabajadores al servicio del Estado en la reforma para prohibir la subcontratación laboral.

Para ello, las comisiones unidas del Trabajo y de Hacienda, que habían iniciado la presentación de posturas del dictamen, decretaron un receso. Aunque hay un acuerdo en principio, los partidos debaten sobre el impacto presupuestario que tendría agregar a los trabajadores incluidos en el apartado B del artículo 123 constitucional.

La discusión se centra en determinar si la obligación para incorporarlos es inmediata o que sea de manera progresiva.

Antes del receso, Isaías González Cuevas (PRI), quien también es dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, dijo que se pondrá fin a las empresas virtuales que solo manejan la nómina de los trabajadores, con los que no hay ninguna relación laboral.

“Este tipo de empresas despiden a los trabajadores a la hora que quieren, sobre todo a fin de año o cada tres meses, los dan de baja del IMSS, y se pierden semanas de cotización y aportaciones al instituto y al Infonavit. Esas empresas no generan empleos”, agregó.

Ana María Rodríguez, secretaria de la Comisión del Trabajo por Morena, expuso que con la reforma se acabará con la proliferación de grupos de empresarios que incrementaron los esquema de subcontratación simulada.

“Empresas turísticas, bancos, maquiladoras, entre otras que decían no tener ningún empleado. Pura simulación. Los bancos, que tienen altas ganancias, incumplen con el pago de utilidades a los trabajadores”, dijo.

Carlos Pavón (PRI), afirmó que hay “muchas trampas” en el nuevo modelo de utilidades, pues trabajadores que habitualmente reciben reparto más alto que el límite previsto en la reforma, sufrirán “un despojo”.

Pavón, quien es dirigente del Sindicato nacional Minero, Metalúrgico “Frente”, anunció que este tema podría ir a una controversia constitucional, porque el porcentaje sobre utilidades está definido en la Constitución, “y lo estamos incluyendo en la Ley Federal del Trabajo. Tendríamos que reformar primero la Constitución”.