A pesar de su labor fundamental, persiste una preocupante ola de violencia contra quienes defienden los derechos humanos en el país”, y de acuerdo con datos de la ONU-DH, entre enero de 2019 y noviembre pasado se reportaron al menos 93 asesinatos y ocho desapariciones, denunciaron organizaciones especializadas en ese tema.

Comunidades indígenas que reclaman sus derechos a la tierra y al territorio, las madres buscadoras y las mujeres defensoras son víctimas de asesinatos, criminalización, desaparición y otras agresiones físicas y sicológicas, muchas con un marcado sesgo de género.

Por el Día de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, que se conmemoró ayer, organizaciones como los Centros Fray Francisco de Vitoria OP, de la Montaña Tlachinollan y Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar su protección y establecer una política pública integral que garantice su labor de defensa.

Instaron a la Secretaría de Gobernación a reforzar las acciones de coordinación institucional y a fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a la Fiscalía General de la República a aplicar un plan de persecución penal para estos delitos.

En un manifiesto, las organizaciones señalaron que la situación en estados como Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Chiapas, México, Colima, Veracruz, Guerrero y Sonora es alarmante debido a las constantes amenazas y ataques a defensores de derechos humanos.

Expusieron la reciente desaparición y posterior asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, Jalisco, el 24 de noviembre, a pesar de contar con medidas de seguridad federales, así como el caso de la desaparición del abogado defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia, en Cerro de Ortega, Colima, el 15 de enero de este año.

En Guerrero, el caso de Arnulfo Cerón Soriano, defensor desaparecido en 2019 y hallado sin vida refleja la lucha de sus compañeros por la justicia. Tras cuatro años de esos hechos aún enfrentan obstáculos y riesgos para quienes luchan por la verdad y la búsqueda de justicia en su caso, lo que evidencia la falta de transparencia en el proceso y la impunidad estatal.

Por eso también pidieron medidas específicas de protección para defensores del medio ambiente, conforme lo establece el artículo 9 del Acuerdo de Escazú.