Familiares y organizaciones defensoras de las garantías fundamentales exigieron que se avance en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) sobre la muerte de la abogada y activista Digna Ochoa y Plácido, ultimada con un balazo en la cabeza en su despacho, el 19 de octubre de 2001 en la capital del país.

Pedimos justicia, que se investigue y se vaya a fondo, dijo Jesús Ochoa, hermano de la víctima, al conmemorar ayer 22 años de los hechos, luego de que en 2001 las autoridades investigadoras determinaron que había muerto por un suicidio simulado.

En conferencia de prensa, Karla Micheel Salas y David Peña, abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, coincidieron en que el Estado mexicano está en falta; no ha cumplido la sentencia (de 2021) y en algunos aspectos sustantivos vemos clara resistencia, como en avanzar hacia la autonomía de los servicios periciales y la creación de un premio nacional de derechos humanos con el nombre de Digna Ochoa.

Salas destacó que es necesario fortalecer la Unidad Especializada para la investigación del caso, creada en 2021. La principal dificultad que tiene esta área es el tema presupuestal; no hay recursos específicos para la indagatoria, sostuvo.

Lady Carolina Guzmán, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, subrayó que otro de los grandes pendientes es el desarrollo del protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, que para su cumplimiento la Coridh estableció un plazo de dos años, los cuales se vencen en enero de 2024.