En la lucha por verdad y justicia ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no hay campañas ni intenciones de desestabilizar, desprestigiar o debilitar a las fuerzas armadas, es un tema de derechos humanos, que tiene que ver con dar con el paradero de los jóvenes, defendió el abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró ayer en su conferencia matutina que las denuncias sobre la falta de colaboración de las fuerzas armadas en este caso son una campaña en contra de éstas, Rosales sostuvo que los señalamientos son claros y están evidenciados en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Explicó que lo que los expertos han hallado es que una instancia del Ejército Mexicano, denominada Centro Regional de Fusión de Inteligencia, tiene información de que probablemente en esos días (cuando sucedieron los hechos, en septiembre de 2014) 17 estudiantes estaban siendo llevados a un punto a las afueras de Iguala (brecha de Los Lobos) y otros 11 a Chilpancingo.

Dicha información la obtuvo el Ejército porque el 26 de septiembre interceptó llamadas telefónicas de policías y de gente del grupo delictivo Guerreros Unidos, detalló Rosales. Lo que necesitamos son las conversaciones completas, el dispositivo en el que se almacenó esa información y todos los demás elementos que puedan esclarecer cabalmente estos hechos, pero no ha sido aportado, enfatizó.

En entrevista, el abogado reconoció que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional colaboran en el caso, brindando seguridad perimetral y realizando tareas de búsqueda. Nosotros no estamos haciendo ninguna adjetivación contra el Ejército, lo único que decimos es que tiene información relevante que puede dar con el paradero de los estudiantes, que la ponga a disposición y no lo ha hecho.

El litigante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan también respaldó a las organizaciones que han manifestado su reconocimiento y solidaridad a los padres y madres de los normalistas y al GIEI, así como a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las autoridades consideran que por la buena voluntad se han obtenido los logros mínimos, como la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam y la de dos generales, pero esas acciones tienen bases, dijo. Fue el GIEI el que puso sobre la investigación que se tenían que seguir rutas sobre el paradero de los jóvenes y otras líneas a indagar.