El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer, en relación con el conflicto surgido en Guerrero: No vamos a ser rehenes de nadie y exhortó a los habitantes del estado a reaccionar con prudencia si reciben presiones o amenazas del crimen organizado, que no se confronten con los capos de esos grupos, pero que no se dejen manipular.

En su conferencia matutina, el mandatario se refirió a las movilizaciones en Chilpancingo y localidades cercanas a la capital del estado en demanda de la liberación de dos cabecillas de la delincuencia organizada.

Dijo que las autoridades pueden negociar demandas de justicia social, porque gobernar implica dialogar, pero subrayó que los detenidos están a disposición del Poder Judicial, no del Ejecutivo.

Explicó que las organizaciones delictivas buscan crear una base social de apoyo mediante la distribución de despensas. Eso sucede también en la Selva Lacandona, en Chiapas, donde la población se opone al decomiso de drogas y cuando detectan una aeronave corren hacia ella para evitar la acción de la autoridad.

El mandatario pidió paciencia a la población de Chilpancingo y a la gente que pretende trasladarse a Acapulco y se enfrenta con un bloqueo. Que nos comprendan, que nos ayuden si tenemos que padecer un poco, que ofrecemos disculpas, pero que es lo mejor, lo mejor como se está actuando, que no hay impunidad para nadie y no hay violencia. Imagínense que ayer se les enfrenta, traían armas...

Nexos con delincuentes

Poco antes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que las movilizaciones de protesta estaban ligadas con la exigencia de liberación de dos líderes de la organización Los Ardillos, detenidos cuando llevaban armas y droga y quienes están relacionados con diversos delitos en la región.

Mencionó que dos de los sujetos que encabezaron la movilización, Jair Sereno Chávez y Guillermo Matías, están vinculados a esa organización delictiva y son investigados por algunas causas penales.

Matías afirmó ser presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero, dijo Rodríguez. Es dueño de una empresa constructora y enfrenta diversas causas penales. “Son personas afines a Los Ardillos”, reiteró la funcionaria.

Destacó que durante las protestas la instrucción a las fuerzas de seguridad fue la de no caer en provocaciones y no responder con violencia, porque mucha gente fue obligada a participar.

–¿Guerrero es un Estado fallido? –se le preguntó a la secretaria.

–Estamos atendiendo una situación, pero de ninguna manera es lo que usted dice. Tenemos que detener a los responsables de utilización de armas y droga. Lo vamos a seguir haciendo y lo hacemos en todo el país.

Mientras, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el caso generó posiciones encontradas entre Morena y la oposición.

Los morenistas rechazaron que haya ingobernabilidad en el estado, mientras las minorías afirmaron que existe un vacío de autoridad.

Los legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Grupo Plural quisieron discutir el tema, pero la ausencia de la mayoría de los legisladores rompió el quorum y se levantó la asamblea. Con apenas 10 de los 37 integrantes de la Permanente, unos cuantos diputados y senadores alcanzaron a tocar el asunto, mientras otros lo hicieron en conferencias de prensa.