La puesta a proceso del ex procurador Jesús Murillo Karam es un avance en contra de la impunidad, resultado del trabajo de una comisión presidencial vinculada a la FGR, creada para resolver un asunto grave de violación a los derechos humanos, afirmó el secretario técnico de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Félix Santana Ángeles.

Al instalar en la Ciudad de México las tareas del proceso de consulta a la sociedad civil para una ley de memorias, sostuvo que a pesar de que hay mucha animadversión contra los esfuerzos que realiza el gobierno en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y de las violaciones graves en la llamada guerra sucia, va a cumplir sus compromisos.

Recordó que el primer decreto publicado en este sexenio en el Diario Oficial de la Federación fue con el fin de crear la comisión para resolver un caso grave de violación a los derechos humanos y esclarecer el tema de Ayotzinapa.

Santana, quien es además secretario ejecutivo de la Comisión presidencial para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, resaltó que en el caso de Murillo Karam está aún pendiente la imputación por coalición de servidores públicos. Por primera vez un gobierno hace una revisión de un caso sobre otro contra altos funcionarios.

En su exposición, indicó la importancia de la creación de la citada ley, sobre la que se han realizado ya consultas en Chihuahua, Jalisco, Oaxaca y Puebla, no sólo porque conducirá a la creación de un Centro Nacional de las Memorias, sino porque al cierre de esta administración, cuando concluya su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador y desaparezcan las comisiones y mecanismos especiales ciudadanos, será el ancla para que las instituciones continúen su trabajo.

Mariana Gómez Godoy, del Comité de Impulso a la Memoria (CIM), expuso el mecanismo de las tareas en el foro de consulta que se realizó en el campus Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Se integraron tres mesas de trabajo para discutir los temas de Centro Nacional de las Memorias, archivos y políticas públicas, a partir de la propuesta de ley general de la memoria pública sobre las violaciones de derechos humanos y violencias del pasado elaborada por la comisión.