Los integrantes del consejo consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas acusaron que de manera sorpresiva la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN), a cargo de la Secretaría de Gobernación, les comunicó que las sesiones ordinarias programadas de la junta de gobierno serán virtuales en tanto el ejercicio presupuestal 2023 no ha concluido los procesos de adjudicación y licitación para empresas proveedoras de los servicios, lo que, aseguraron, afectará a los beneficiarios.

En un escrito difundido en redes sociales, explicaron que esta decisión de carácter arbitrario y unilateral limita el análisis de evaluación de riesgo y de medidas de protección que se desarrollan en las sesiones presenciales.

Por ello solicitaron al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, que presente un informe oficial documentado de las razones reales por las cuales la CEN dice no contar con los medios necesarios para llevar a cabo las reuniones presenciales de la junta de gobierno, tal como se acordó por el pleno en la sesión pasada, realizada el 26 y 27 de enero.

Indicaron que la toma de decisiones unilaterales afecta la transparencia y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de los planes de protección, y manifestaron su preocupación sobre el debilitamiento político de la junta de gobierno del Mecanismo como instancia máxima y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.