En Cuautitlán Izcalli, estado de México, cerca de 150 mil personas que se asentaron en 15 colonias irregulares en el área natural protegida Presa de Guadalupe buscan escriturar sus predios para recibir agua potable, drenaje, salud y escuelas, entre otros servicios, informó el alcalde morenista Ricardo Núñez Ayala.

Al acudir a una reunión con vecinos y de la comunidad agraria del ejido de Guadalupe, Núñez Ayala reconoció que la tenencia irregular de predios en la cuenca de la Presa de Guadalupe afecta a cientos de familias. Todas (las colonias) son irregulares; incluso hay fraccionamientos, y para urbanizar y escriturar es necesario revisar el marco legal y el Código de Biodiversidad estatal, planteó el alcalde.

La presa de Guadalupe, construida entre 1936 y 1943 para captar escurrimientos y servir de vaso regulador y fuente de irrigación de tierras agrícolas, abarca mil 740 hectáreas de zona forestal, cañadas y ríos. En tiempo de lluvias su espejo abarca 450 hectáreas y puede almacenar hasta 66 millones de metros cúbicos de aguas negras, principalmente.

Es esta zona confluyen conjuntos residenciales de elevada plusvalía, cinturones de miseria en asentamientos irregulares y franjas naturales donde habitan especies silvestres como patos, búhos, garzas, halcones, gavilanes, lagartijas, tortugas y pelícanos.

En octubre de 2004 el gobierno estatal la declaró área natural protegida, parque estatal y santuario forestal, pero esto no frenó la invasión de terrenos.

En la reunión con vecinos, el comité agrario y autoridades, realizada el fin de semana, los pobladores demandaron urbanización. No tenemos mercado ni escuelas. Aquí se acaba el pavimento donde empieza la colonia, señaló una vecina, quien dijo que para hacer sus compras debe ir al municipio vecino de Nicolás Romero o caminar más de tres kilómetros.

Mientras, en Ecatepec, unos 150 habitantes se manifestaron en las inmediaciones de la zona arbolada de El Dique, en la avenida Central, para exigir a las autoridades que no se talen árboles para construir la autopista Siervo de la Nación, proyecto aprobado en el gobierno estatal del priísta Eruviel Ávila Villegas (2011-2017).

Al grito de: ¡Tala no, árboles sí!, el grupo marchó en las inmediaciones del predio y denunció que las obras no cuentan con manifestación de impacto ambiental y que fueron derribados 286 árboles de diversas especies, por lo cual el alcalde, Ferrando Vilchis, clausuró los trabajos.

Acusaron a la constructora Mota Engil de tirar una antigua prisión y una casona construidas en el gobierno de Porfirio Díaz y consideradas patrimonio histórico, por lo que pidieron al Instituto Nacional de Antropología e Historia que sancione a la empresa por violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.