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El gobierno federal debe lograr grandes acuerdos contra la violencia: Moreira
 
Periódico La Jornada
Domingo 26 de mayo de 2019, p. 10

Los lugares del país donde la delincuencia registra los menores niveles de actividad son aquellos en los cuales sus autoridades demostraron voluntad política que se aprecia en la coordinación, la constitución de cuerpos policiacos municipales y estatales bien pagados, con evaluación permanente, la activa participación de la sociedad y el orden comunitario, expuso Rubén Moreira Valdés, presidente de la Comisión para la Frontera Norte en la Cámara de Diputados.

En nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, el legislador coahuilense argumentó que, ante la aprobación de las leyes que permitirán a la Guardia Nacional operar en todo el país con un ordenamiento legal, es necesario que el actual gobierno federal alcance grandes acuerdos que permitan que las administraciones estatales y municipales asuman la corresponsabilidad que tienen para que los territorios bajo su jurisdicción recuperen la paz.

“Durante años, la seguridad ha sido campo de disputa política; en México no se han tenido los grandes acuerdos nacionales que sostengan –más allá de las ideologías, los partidos políticos y el signo de los órdenes de gobierno–, una acción prioritaria y contundente de sociedad y gobierno que en todos los rincones del país actúe de manera uniforme y concertada, sobre los mismos objetivos y con las mismas herramientas.”

Los niveles de violencia e inseguridad que hoy se enfrentan son consecuencia de acciones y omisiones. Se desestimó el renglón de fortalecer las instituciones policiacas, en especial a nivel municipal, no se puso énfasis en la inteligencia como mecanismo para prever la comisión de delitos ni para evitar el fortalecimiento de los grupos criminales, indicó.

Queremos la paz para México, por ello daremos seguimiento a la eficacia que tengan la recién aprobada Ley Orgánica de la Guardia Nacional, así como la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública, la Ley Nacional de Registro de Detenciones y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la eficacia que tenga la actuación de las autoridades encargadas de la seguridad pública, concluyó Moreira.