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Uso excesivo de la fuerza debe ser castigado con base en estándares internacionales
 
Periódico La Jornada
Martes 7 de mayo de 2019, p. 4

El uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad, entre ellos la nueva Guardia Nacional, debe ser sancionado con base en los más altos estándares internacionales. En caso de que los agentes de estas corporaciones incurran en abusos y delitos se les debe indagar, por acción u omisión, incluida la cadena de mando, enfatizó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Los planteamientos

Esta instancia internacional envió ayer al Senado dos documentos técnicos con propuestas de contenidos básicos apegados a los más altos lineamientos globales para la elaboración de las leyes nacionales sobre el uso de la fuerza y del registro de detenidos. Se trata de dos de las normas que derivan de la reforma que crea la Guardia Nacional, publicada el pasado 26 de marzo.

Esta es la primera comunicación que realiza esta oficina de la ONU luego que su titular, Michelle Bachelet, firmó en su reciente visita de trabajo al país un acuerdo de colaboración con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para ofrecer asistencia técnica para la conformación de la Guardia Nacional. El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, confió en que los senadores tomen en consideración sus propuestas y las de otros actores, y solicitó una reunión con la Junta de Coordinación Política para detallar el contenido de sendos documentos.

La propuesta en torno a la ley nacional sobre el uso de la fuerza asienta que en su regulación es pertinente establecer un sistema de asunción de responsabilidades para asegurar un control superior y parámetros de obediencia. Por lo que deberá regular al menos cuatro dimensiones: la responsabilidad directa, por omisión, la de los mandos y la de los mandos por las acciones de sus subordinados.

La propuesta de la ONU-DH apunta que los lineamientos internacionales sobre el uso de la fuerza incluyen que estas acciones se den bajo varios principios: legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención/precaución y no discriminación, además de transparencia y rendición de cuentas.