uando los países capitalistas se empezaron a percatar del enorme éxito de crecimiento económico de la URSS basado en la planificación económica (iniciada con el primer Plan Quinquenal 1928-1932), algunos imitaron la idea de planificación, lo cual se reforzó con la Gran Depresión (1929-39) y con la Segunda Guerra Mundial. En México, el gobierno de Portes Gil promulgó la Ley sobre Planeación General de la República (LPGR) en 1930, bajo la cual se puso en marcha, en el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) el primer Plan Sexenal. Durante el gobierno de Ávila Camacho se formuló el segundo. Aunque dichos planes se interrumpieron; en el gobierno de López Mateos (1958-1964) se creó la Secretaría de la Presidencia que asumió la responsabilidad de evaluar y aprobar los proyectos de inversión pública. López Portillo (1976-1982) la transformó en Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), quitándole a la SHCP muchas facultades. La Ley de Planeación (LP) promulgada por Miguel De la Madrid el 5 de enero de 1983, abrogó la LGPR. El que podría calificarse como el primer presidente neoliberal promulga, paradójicamente, la LP, cuando la planeación es el opuesto lógico de la mano invisible del mercado, dogma central del neoliberalismo. Ello explica que la LP vigente establezca como el objeto de la LP, entre otras: “VI. Las bases para que el Ejecutivo Federal concierte con los particulares las acciones a realizar para la elaboración y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley”. Es lo que se conoció, en Europa, como planeación indicativa. Salinas de Gortari, siendo presidente, desapareció la SPP y reconcentró todas las facultades de planeación y presupuestación en la SHCP. El PND 2019-2024 fue elaborado bajo la responsabilidad de la SHCP. Hoy me referiré solamente a un par de contenidos del comunicado (de 62 pp.) mediante el cual López Obrador envió el PND a la Cámara de Diputados el 30 de abril. El PND es un documento más extenso (226 pp.). Dicha Cámara tiene la facultad de aprobar el PND, pero el artículo 21 de la LP restringe el sentido de esta aprobación al señalar que ésta consistirá [sólo] en verificar que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No es extraño que siendo la SHCP la encargada de formular el PND, la presentación del comunicado comience diciendo que la “Constitución ordena al Estado mexicano velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero”. Aunque la frase está tomada casi textualmente del segundo párrafo del artículo 25 constitucional, es un párrafo adicionado en 2015 como parte de las reformas ultraneoliberales de Peña Nieto. Aunque después de este desafortunado comienzo se añaden las facultades generales de planificar, conducir, coordinar y orientar la economía, y se citan algunas frases del artículo 26 referidas a la planeación democrática del desarrollo nacional, se omiten las frases más fuertes (que destaco con cursivas) del primer párrafo del artículo 25: “ Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales...). Después de tan pésimo arranque, la presentación adopta un tono fuerte, crítico y agresivo:

“En la penúltima década del siglo XX tuvo lugar un brusco viraje que implicó pasar del desarrollo estabilizador al desarrollo privatizador. El primero se caracterizaba por una fuerte presencia del sector público en la economía, el monopolio del Estado en sectores estratégicos, la sustitución de importaciones… el fortalecimiento del mercado interno… tenía como correlato el fortalecimiento de las condiciones y prestaciones laborales…El ciclo neoliberal no fue la superación ni la salida a las crisis finales del desarrollo estabilizador, sino su perpetuación y ahondamiento. Así lo señalan los indicadores de crecimiento, la multiplicación de la deuda externa, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y del salario y el crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la marginación. Los gobiernos neoliberales fueron reprobados por su propio fetiche: las cifras macroeconómicas… El mayor desastre de este periodo de 36 años fue sin duda la destrucción del contrato social construido por los gobiernos posrevolucionarios y la incapacidad de reemplazarlo por un nuevo pacto... las facciones que ejercieron el poder en este lapso no pudieron dotarse de una nueva constitución… y hubieron de recurrir a reformas que adulteraron mucho del espíritu de la de 1917, pero que no pudieron, en definitiva, suprimir la totalidad de su carácter social.”

Véanse dos comprometedoras (pero ambiguas) frases de la presentación en el cuadro de arriba.

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