Encarcelados, dados por muertos, sin identidad, en la prostitución o la indigencia, ha sido el destino de algunos testigos protegidos en los que el sistema de procuración de justicia en México basó sus acusaciones.

Incluso, en la actualidad, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) depende de ellos para sustentar las imputaciones contra decenas o cientos de integrantes del crimen organizado, los cita a declarar en diversas causas penales sin que les garantice su seguridad y la de su familia, debido a que fueron dados de baja del programa de testigos colaboradores.

Se llegó a tener 379 colaboradores

Durante el sexenio de Felipe Calderón, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) abusó de la figura hasta llegar a tener 379 testigos colaboradores a quienes daba una cantidad de 26 mil pesos mensuales como parte de los acuerdos. En ese periodo la PGR gastó 101 millones 332 mil pesos para el programa.

En los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la PGR redujo considerablemente el uso de testigos colaboradores; en ese periodo erogaron 41 millones de pesos para mantener a 98 testigos. La lista bajó hasta tener sólo 11 que continuaban acudiendo a diligencias.

Diversos artículos de las leyes federales para la protección de personas que intervienen en el proceso penal federal contra la delincuencia organizada, ley orgánica de la de la Fiscalía General de la República y del Código Nacional de Procedimientos Penales, han sido violados por el Ministerio Público de la Federación al no proteger la identidad de los testigos.

Tal es el caso de la testigo de clave Venus que acude a diligencias sin que cuente con escolta permanente; incluso, su nombre verdadero aparece en las causas penales.

Venus fue dada de alta en el programa en julio de 2010, declaró contra 400 personas. En mayo de 2015 recibió la notificación de que era dada de baja del programa, con lo cual perdía todos los beneficios como el pago mensual y la seguridad; sin embargo, todavía es requerida por el Ministerio Público federal en calidad de testigo colaborador. A partir de su baja, ha participado en 70 diligencias sin contar con la protección que señalan las leyes; de esos asuntos, 20 casos son nuevos en los que el Ministerio Público de la Federación la considera testigo.

Una de las más recientes citas ocurrió el 14 de febrero, cuando fue requerida por la Fiscalía General de la República para una audiencia del hermano de Salvador Martínez Escobedo, La Ardilla, por el proceso en la desaparición de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Por otra parte, el testigo Conde causó baja del programa en agosto de 2013, no obstante acudió a cinco diligencias sin las medidas de seguridad. Luego de darlo de baja, lo dejaron a su suerte. “Trabajé en diferentes cosas sin identidad. Me pedían identificación, pero no tenía porque me decían que tenía un proceso judicial pendiente. Trabajé de cantinero, plomero, jardinero…de lo que se podía. Lo que nos habían prometido en un principio en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), como cambiar de nombre, reubicar de ciudad e incluso conseguirnos trabajo, no lo hicieron”, señala Conde.

El testigo con clave Natalia regresó a la prostitución; Mateo, se encuentra en un penal sin saber si es imputado o testigo; Sérpico habría fallecido de leucemia, Tauro está como no localizable, Némesis fue sentenciado; Pitufo se habría suicidado en una prisión de Texas.

No importaba a qué organización pertenecían; lo mismo declaraban en procesos contra integrantes del cártel de Sinaloa, Los Zetas, del Golfo, La familia michoacana, que contra militares y servidores públicos de la PGR. La llamada Operación Limpieza en PGR y Policía Federal en la que declararon testigos colaboradores, se vino abajo, al igual que señalamientos contra un general de la Defensa Nacional y ex servidores públicos de Michoacán.