Un juez de distrito abrió el camino para que la Fiscalía General de Sinaloa reconozca y atienda las recomendaciones que le hizo el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), por el caso de tres integrantes de una familia levantados y desaparecidos por policías municipales de Ahome, en julio de 2015.

Ante la negativa de las autoridades sinaloenses por atender los exhortos del organismos internacional ante la impunidad en la que se encuentra el caso (los tres presuntos responsables están prófugos), la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, en representación de los deudos, tramitó un amparo ante el juzgado quinto de distrito con sede en Sinaloa.

Al resolver el trámite, el juzgador reconoció que el Comité CED "es un instrumento internacional creado para prevenir las desapariciones forzadas y reconoce explicitamente el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas". Además de que la fiscalía local ha sido omisa para considerar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas como obligatoria y parte del marco legal.

El 21 de julio de 2015, David Mendoza Marín y su pareja Margarita Marín Yan Bustos, de 27 y 20 años de edad, ella con un embarazo de tres meses; y el cuñado del primero, Alfredo Elías Marín Bustos, de 25 años, fueron detenidos por elementos municipales de Ahome. Estuvieron en calidad de desaparecidos hasta que en noviembre de 2018 sus familiares reconocieron unos restos que habían sido localizados en el predio Las Gruyas. Fue hasta enero de 2019 que les fueron entregados los cuerpos para sepultarlos.

Idheas detalló que aun cuando los policías que intervinieron en la desaparición están plenamente identificados, incluso tres de ellos cuentan con orden de aprehensión, "el gobierno de Sinaloa se ha visto rebasado por la complicidad de algunos de sus altos mandos, quienes han filtrado información permitiendo que estos uniformados puedan sustraerse de la acción de la justicia".

Frente a las omisiones de la fiscalía del estado, la familia –con el acompañamiento de Idheas– acudió al Comité CED para solicitar acciones urgentes y requerimientos sustanciales para las indagatorias, mismos que no han sido considerados.