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La ONU y activistas exigen investigación profesional al gobierno estatal
 
Periódico La Jornada
Sábado 5 de enero de 2019, p. 20

Organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos condenaron el asesinato del activista Sinar Corzo Esquinca, ocurrido la noche del jueves en el municipio de Arriaga, Chiapas, y le exigieron al gobierno federal una investigación profesional y exhaustiva para castigar al autor del delito.

En un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) repudió el homicidio de Corzo, que es el primer caso de una persona defensora de las garantías elementales asesinada en 2019.

El organismo recordó que en 2013 Corzo y otro integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos El Coloso de Piedra fueron víctimas de detención arbitraria durante protestas por el deficiente acceso al agua.

Compartimos la conmoción por el asesinato. Llamamos a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva que incluya la posible relación con su labor pro derechos humanos y lleve a los responsables ante la justicia, expresó Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.

En tanto, decenas de organizaciones mexicanas elaboraron un comunicado conjunto y se sumaron a la condena por el homicidio del luchador social. Los colectivos firmantes –entre ellos el Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos– recordaron que Corzo “participó en el acompañamiento a procesos comunitarios y sociales como el de los locatarios del Mercado Público Coloso de Piedra, quienes exigieron al gobierno de Chiapas la construcción de espacios dignos para la venta de sus productos, así como pavimentar la carretera del ejido La Línea.

Vemos con preocupación este signo de frágil situación en la que se encuentran los defensores sociales en Chiapas. Hacemos un llamado al gobierno para que las autoridades realicen una investigación pronta, exhaustiva, diligente y eficaz para llevar a los responsables ante la justicia, manifestaron.

En el mismo tono la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el asesinato y llamó al gobierno estatal a otorgar medidas cautelares a la familia del luchador social a quienes les, manifestó sus condolencias.