En el contexto de su política de austeridad republicana, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador efectúa despidos calificados de injustificados por parientes de afectados, lo que deja fuera de varias dependencias a personal con pericia y conocimientos, con el riesgo de que esos organismos caigan después en la inmovilidad.

Familiares de servidores públicos recientemente cesados señalaron estar de acuerdo con la estrategia de terminar con privilegios y excesos en el gobierno del país, pero no con el despido de personal sin análisis previo de cada caso.

Allegados de un trabajador, cuyo nombre no revelaron por temor a represalias, advirtieron que se han dado varios despidos injustificados y arbitrarios en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), donde fueron cesados los enlaces de programas de previsión social.

Dichos funcionarios –uno por cada estado– tienen la labor de impulsar a las empresas a respetar las garantías laborales de sus empleados y darles buenas condiciones de trabajo mediante premios y estímulos y no con multas u otras medidas coercitivas, lo que motiva a muchas compañías a cumplir con la norma, explicaron.

Pese a ello, en días recientes la nueva dirección de la STPS pidió la renuncia de los 31 coordinadores estatales de los programas de previsión social y de algunos miembros de sus equipos, sin antes analizar la utilidad de esta figura o el desempeño de sus titulares.

Los denunciantes enfatizaron: No somos detractores de López Obrador, al contrario: lo seguimos desde 2006, estuvimos con él en el intento de desafuero y vimos con entusiasmo su triunfo electoral, pero tiene que investigar quiénes son los servidores públicos que va a quitar. Sabemos que hay gente indolente y perezosa, pero también mucha que vale la pena y se debe conservar.