Las lanchas llevan la evidencia encima. Carros-tanque de gasolina son conducidos a lo profundo de la selva del Pacífico colombiano. El narcotráfico no cede a la ofensiva militar, y ahora los mexicanos supervisan los envíos a Estados Unidos.

Sólo unos cuantos se atreven a hablar, con cautela, de ellos. El silencio sigue imperando en los caseríos de madera que se levantan a orillas de los ríos Mira y Mataje, en el departamento de Nariño. Se mueven con facilidad envidiable y la gente nuestra los ve en los pueblos de Guapi, en Timbiquí, en el municipio de López de Micay. Van, vienen, uno u otro, cuenta un líder comunitario.

Con el desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que por décadas controló esos territorios de negros e indígenas, los mexicanos que antes sólo esperaban a que les llegara la droga colombiana para venderla en Estados Unidos, decidieron reorganizarse.

Vacío del Estado

Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación recurrieron a sus propios emisarios frente a la disputa que se abrió por el control de las rutas en Colombia. Vienen y supervisan el clorhidrato de cocaína, su pureza, explica el general Jorge Isaac Hoyos, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules del Ejército en el convulso puerto de Tumaco, el territorio de Nariño con más sembradíos de hoja de coca del mundo.

Sin embargo, los colombianos son los que tienen la estructura del narcotráfico, puntualiza el alto oficial, que lidera una gran ofensiva antidrogas. En la base naval de Tumaco reposan los sumergibles decomisados.

Fue la reacción ante el récord de 171 mil hectáreas de sembradíos ilícitos que alcanzó Colombia en 2017, cuando también se elevó el potencial de producción de cocaína a mil 379 toneladas, según la Organización de las Naciones Unidas.

El despliegue militar es visible en el casco urbano de Tumaco, pero selva adentro, donde abundan los cultivos de coca, apenas si se siente la presencia del Estado.

En los ríos que bañan Tumaco se cruzan las lanchas que llevan la gasolina que sirve de precursor de la cocaína. A los laboratorios se llega por estrechos caminos de tabla.

A lo largo de los mil 300 kilómetros de la costa sobre el Pacífico, operan rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, disidentes de las FARC y bandas de origen paramilitar. Estas organizaciones se disputan a sangre y fuego el control territorial de esta región, que concentra 39 por ciento de los cultivos de droga en el país.

La llegada de los emisarios de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación responde a la necesidad de asegurar el flujo de cocaína, tras la muerte o captura de antiguos aliados, según el experto en estudios sobre crimen organizado en América Jeremy McDermott. Hoy día, sus socios están muertos, encarcelados o invisibles, y ellos han tenido que mandar compradores emisarios a Colombia, agrega el codirector de la organización InSight Crime.

Además, los narcos colombianos no les quieren vender porque prefieren hacer envíos a mercados más rentables, como Europa, Oceanía o Asia. En España les pagan 35 mil dólares por un kilo; en China, 50 mil; en Rusia 60 mil, y en Australia 100 mil. En Estados Unidos les dan 25 mil, añade. Los colombianos han entregado el mercado americano a los mexicanos, pues no vale la pena arriesgarse por 25 mil dólares a interdicción, extradición y expropiación de bienes, señala.

Según la DEA, el año pasado por el Pacífico ingresó 84 por ciento de la cocaína a Estados Unidos, el mayor consumidor global. Con los mexicanos, la violencia empeora. El Estado no copó los espacios dejados por las FARC ni hubo respuesta rápida en las zonas donde tenían presencia los rebeldes antes de 2016.