Pachuca, Hgo., Integrantes de la Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir AC, del Foro contra la Contaminación Ambiental y otras agrupaciones ecologistas de Tula reprocharon a Benjamín Rico Moreno, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), haber autorizado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) derribar 12 mil árboles, adicionales a los 8 mil talados en noviembre de 2017 en la ribera del río Tula para revestir 19.2 kilómetros del cauce.

Los activistas se manifestaron en el Congreso local minutos antes de que Benjamín Rico compareciera ante la 64 Legislatura, como parte de la glosa del segundo informe del gobernador Omar Fayad Meneses.

Los inconformes se apostaron a la entrada del salón donde se realizan las comparecencias de funcionarios, y leyeron un pronunciamiento en el cual acusaron a Rico Moreno y a Gadoth Tapia Aceves, alcalde de Tula, de autorizar en noviembre de 2017 a la Conagua realizar los trabajos citados y de no impedir que se talaran miles de árboles.

Cuando los activistas aún no terminaban de dar su mensaje, Benjamín Rico llegó al recinto y los manifestantes lo encararon y gritaron consignas contra lo que calificaron de ecocidio.

Le recordaron que, según la prensa local, la Semarnath y la alcaldía de Tula dieron su aval para que continúe la obra –suspendida desde noviembre del año pasado tras manifestaciones de repudio–, y se derribaran 12 mil arboles más. También se quejaron de que no se consultó a los ciudadanos sobre el revestimiento en el río Tula.

El funcionario ofreció a los manifestantes recorrer la zona afectada para buscar alternativas, entre ellas condicionar la realización de la obra a que no se derriben más árboles. Los activistas le pidieron una fecha para hacer el recorrido, pero el secretario dijo que sería abierta y que le dieran chance de comparecer ante los diputados; entonces ingresó al salón donde ya lo esperaban los legisladores y no regresó con los manifestantes.

En entrevista, Norma Leticia Reyes Castillo, activista de la Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir AC, aseguró que el revestimiento del río Tula implica derribar incluso ahuehuetes de mil años, así como la devastación de las márgenes o bordos del río para luego revestirlos con cemento para cambiar el cauce, lo cual es un error.

Agregó que autoridades venden la idea de que (la obra) es para evitar inundaciones, cuando en realidad es para recibir más agua proveniente del Túnel Emisor Oriente, que traslada aguas negras y pluviales de la Ciudad de México.

Señaló que Benjamín Rico se comprometió a hacer el recorrido, pero no tomó en cuenta a organizaciones debidamente registradas, sino que lo acordó con Gerardo Castillo, vecino de la localidad de San Marcos, quien si bien al inicio de la lucha trabajaba con las agrupaciones, actualmente no representa a ninguna.

Norma Leticia Reyes y otros activistas solicitaron a los diputados locales respaldo para poner fin al proyecto de revestimiento del río Tula.

El diputado Ricardo Baptista, del partido Morena y presidente del Congreso estatal, recriminó a Benjamín Rico por avalar la manifestación de impacto ambiental de las obras, a lo que el funcionario repuso: De verdad, tu servidor no ha firmado ningún documento; ojalá me lo pudieras mostrar, y aseguró que es un proyecto del gobierno federal, por lo cual la Conagua no requería permiso de la administración estatal.

Baptista insistió en que hay documentos. Tenemos un expediente. Vamos a aclarar si lo avaló tu secretaría o no. En Tula estamos súper contaminados; no puedes decir todo el tiempo que son asuntos federales. Si ustedes no dieron el permiso, ¿entonces qué hicieron?. Recordó que hasta que la sociedad se movilizó para evitar que se derribaran árboles, en noviembre de 2017, las autoridades de Tula y la Semarnath intervinieron para que la obra fuera suspendida.

Durante la comparecencia se manifestaron en el Congreso de Hidalgo activistas de Greenpeace, Comunidades Unidas de Zimapán y otras agrupaciones, que acusaron a Rico Moreno de no combatir la contaminación provocada por la minería ni evitar la pérdida de un santuario de aves migratorias en el municipio de Tizayuca a causa del agua residual proveniente de unidades habitacionales.