El gran reto que enfrentan la ciudad y el país es impulsar políticas públicas que erradiquen los niveles de violencia –que vimos ahora con los migrantes propios o extraños–, hagan universal la educación y se acabe con las políticas de protección especial, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández.

Se trata, explicó, de cómo a 5 por ciento de la población, principalmente indígenas, pobres y migrantes, los incorporamos, por ejemplo, al sistema educativo, lo cual no se puede hacer con una política general, sino que se requiere una de protección especial.

Los niveles de violencia tienen que ver también con esa política de protección especial, la cual requiere recursos y lastimosamente es el gran reto que tenemos, cuando, en algún momento, tendría que desaparecer, porque ya estamos dando una atención generalizada de estos temas, comentó.

En los 29 años de los derechos de la niñez y adolescencia, señaló que se busca que se atienda, se genere política pública y las personas en concreto pasen al universo general de la atención, digamos, de protección general. Entonces, esa sería la lógica a seguir.

Mejorar la realidad

Las instituciones y organizaciones, sin embargo, tienen mucho qué hacer, discutir y trabajar en este sentido para hacer de lo jurídico, del marco normativo, una valoración y un elemento de transformación, a fin de mejorar la realidad de niñas, niños y adolescentes en el país, afirmó.

Reconoció que no es posible avanzar en los derechos de ese sector de la población si no se avanza en los derechos de la familia, entendiéndose ésta en un sentido amplio e integrador, que incluye el derecho a una comunidad y un entorno protector, no de violencia.

No se trata de cargar las culpas a la familia, de pensar que en las crisis que estamos viviendo son las culpables. Se trata de cómo favorecer a la familia para que ésta coadyuve a ofrecer garantías y derechos a niñas, niños y adolescentes, puntualizó.

Por ello, destacó, la importancia de pasar de una política de protección especial a una de protección general mediante una coordinación interinstitucional enfocada a niñas, niños y adolescentes.