on dos golpes: el más escandaloso es el que involucra, cuando menos en términos de proceso judicial en Estados Unidos, a los dos tenebrosos ocupantes recientes de Los Pinos: al funerario Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), que redibujó a balazos el mapa gerencial del narcotráfico, y el siempre implicable Enrique Peña Nieto (2012-2018), palurdo en muchas cosas pero doctoral en el manejo de negocios redituables, ambos muy especializados en el uso de recursos, tan abundantes como oscuros, para efectos de campañas, elecciones y gobierno.

Cierto: es la palabra de un procesado. Del delincuente más famoso de México y tal vez del mundo. Y los señalamientos contra Calderón y Peña han de entenderse en el contexto de la estrategia de su abogado, Jeffrey Lichtman, quien busca diluir el perfil de máximo jefe que siempre ha acompañado al personaje nacido en el poblado La Tuna, municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa. Pero hay una abundancia de hechos, evidencias y acusaciones que muestran a la política mexicana, y sus principales administradores recientes, con Calderón y Peña a la cabeza, en condición de personajes de serie del crimen organizado en producciones para televisoras o distribuidoras por Internet.

La política mexicana, es decir, el sistema, han sido largamente infiltrados y, a estas alturas (al menos hasta el final del ciclo que pretende ser roto por el obradorismo), dominados, por el crimen organizado, que no deja de ser una construcción de alteridad encubridora que el propio sistema se ha habilitado para simular que el crimen explícito y el crimen institucional son cosas distintas, siendo que son a la fecha lo mismo.

A propósito, conviene leer Los cárteles no existen, de Oswaldo Zavala, libro en el que se establece que “los cárteles, tal y como nos los han querido vender, no existen. Existen las estrategias políticas que inventaron la idea de los cárteles. Existe el tráfico de drogas, pero fuertemente controlado por instituciones oficiales. Existe la violencia, pero en buena medida perpetrada por el mismo Estado que debería protegernos. La historia del narco en México es, a final de cuentas, la historia del perverso sistema político que nos gobierna” (en el programa de televisión por Internet Querida Urna, en Rompeviento TV, fue entrevistado Zavala en mayo pasado: https://goo.gl/gSDVwP).

Por lo pronto, la estrategia del abogado de El Chapo coloca al sistema político mexicano en el sitio ideal para las presiones políticas estadunidenses y el revuelo mediático internacional. No deja de ser una especie de delación involuntaria el hecho de que las acusaciones de Guzmán Loera no afectan a Vicente Fox Quesada, al inicio de cuya administración se fugó el sinaloense de una forma que generó la extendida especulación de que había sido una especie de liberación arreglada para que el legendario capo se reinstalara como gerente nacional de preferencia sexenal.

Y ahí viene el otro golpe: la fisura explícita entre Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada, alias El Mayo, verdadero capo mayor, según la declaración del representante legal de El Chapo. Zambada se había mantenido en un plano de discreción, roto en abril de 2010 con la entrevista que dio a Julio Scherer para la revista Proceso, que publicó en portada la fotografía del encuentro. El Chapo, dijo El Mayo en ese encuentro, era su amigo y compadre (https://goo.gl/xQ9stm).

Al dirigir los reflectores hacia Zambada, señalándolo como el jefe real del cártel de Sinaloa, El Chapo está abriendo el camino para profundizar las batallas entre los bandos que convergen en ese cártel, el más institucional hasta ahora, el más predispuesto a combinar el negocio con la paz social, sin involucrar a civiles ajenos al narcotráfico. Ya un choque de primer nivel se ha vivido entre los hijos del propio Chapo y el Minilic, hijo de Dámaso López Núñez, alias El licenciado. A poco más de dos semanas de la toma de posesión de López Obrador no resulta favorable para sus planes de pacificación el generar choques entre el poderoso sindicato criminal sinaloense.

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