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El gobierno actual, el peor por su política inmobiliaria: vecinos

Solicitan al próximo revisar todas las obras ilegales

 
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de noviembre de 2018, p. 34

A un mes de que termine la actual administración de la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora de Pueblos, Barrios y Colonias Contra la Corrupción Inmobiliaria recordaron los daños provocados por el crecimiento urbano y calificaron a este gobierno –que empezó con Miguel Ángel Mancera Espinoza y concluirá con José Ramón Amieva Gálvez– como el peor que ha habido en la capital.

Ante la invasión del cártel inmobiliario, manifestaron, comités ciudadanos, organizaciones civiles y grupos vecinales, así como pueblos, barrios y colonias, se vieron obligados a agruparse para defender su derecho a la ciudad, ante la política del gobierno, el tráfico de influencias, el clientelismo y la represión en favor de los megaproyectos inmobiliarios.

Expresaron que el daño ha sido grande en lo que se refiere a respeto al derecho a la ciudad, privatización del espacio público, corrupción inmobiliaria, abasto de agua, apertura a atender las demandas vecinales y participación ciudadana vinculante.

Pese a que las autoridades representan a la ciudadanía, en estos seis años, aseguraron, nos dieron la espalda y ello se ve reflejado en las imposiciones que hicieron en los cambio de uso de suelo, establecimiento de polígonos de actuación, la creación de asociaciones público-privadas, concesiones de pozos de agua a particulares y zonas de desarrollo económico y social (zodes), cuyo objetivo fue privilegiar a los empresarios inmobiliarios.

Ante esa situación, solicitaron a la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y su equipo de trabajo, recibir los expedientes de obras que se han construido en la ilegalidad y afectado casas o infraestructura urbana. También pidieron programar una audiencia y entablar una mesa de diálogo sobre la corrupción inmobiliaria para empezar a solucionarla de manera definitiva.

Los integrantes de la coordinadora expusieron la necesidad de que haya transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos, así como una ciudadanía más participativa.