La bancada del PRI en el Senado presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que se tipifique como delito de extorsión el cobro de piso o impuesto que bandas criminales exigen a empresarios, pequeños negocios o emprendedores, con la finalidad de que se les aplique prisión preventiva y se fijen condenas de hasta 16 años.

Ese delito, destacó el senador priísta Manuel Añorve al presentar la iniciativa en tribuna, lo sufren desde los comercios más pequeños hasta las compañías trasnacionales, pasando por las medianas y pequeñas empresas, que son las que más empleos generan en el país, subrayó.

Resaltó que, de acuerdo con cifras oficiales, en las 32 entidades federativas se han presentado denuncias por el delito de extorsión; sin embargo, es en una decena donde se concentra 92 por ciento de las denuncias: estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos y Jalisco.

En el documento Análisis de la extorsión en México 1997-2013. Retos y oportunidades, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, refirió Añorve, se señala que el cobro de piso se convierte en un impuesto fijo o incluso hay ocasiones en que los extorsionadores pueden aplicar una tarifa o cuota variable que genera un sistema de tributación paralelo al del Estado.

Señaló que ese delito, además de minar el desarrollo económico, también tiene un impacto sicológico comparable con el secuestro, puesto que, de hecho, las víctimas se encuentran en un estado continuo de incertidumbre e indefensión, sufriendo amenazas constantes y, en algunos casos, violencia en su contra.

De igual forma, enfatizó que ese delito afecta el desarrollo social de las comunidades en donde ocurre, puesto que inhibe la instalación de nuevos negocios y, por tanto, la creación de empleos; más aún, el cierre obligado de los comercios que son extorsionados repercute en el aumento de la pobreza y la proliferación de la delincuencia común.

Ante ello, el senador priísta propuso impulsar un cambio legal para comenzar a revertir ese círculo vicioso, endureciendo las penas para los que cometen ese delito de transgresiones y clasificando el delito de extorsión como uno de delincuencia organizada, cuando sea cometido por tres o más personas de manera coordinada.

Por un lado, al aumentar las penas previstas para los que cometen extorsión en contra de empresarios y sus negocios se inhibirá el aumento de la incidencia de ese delito, mientras clasificarlo como delincuencia organizada, cuando participen tres o más, significará que se puede aplicar la prisión preventiva en este caso.

Para ello, propuso reformar el artículo 390 del Código Penal Federal, para aumentar hasta en un tanto las penas aplicables al delito de extorsión, que tiene una sanción de dos a ocho años de cárcel.