A pesar de la reciente detección de comercialización ilegal de la Lista Nominal de Electores, el Instituto Nacional Electoral (INE) no considera por ahora reforzar las medidas de seguridad relacionadas con el acceso que tienen los partidos políticos para su verificación.

El consejero Benito Nacif estimó que han resultado efectivas las restricciones impuestas desde 2016 de entregar sólo datos elementales –nombre, distrito, sección electoral– y realizar consulta amplia sólo en instalaciones del INE.

En el instituto hay hermetismo sobre los pormenores del procedimiento administrativo iniciado para investigar y deslindar responsabilidades por la filtración de la lista nominal de 2015 en el sitio de Mercado Libre.

Nacif señaló que quienes pretendían comercializarlo no tenían idea de lo que tenían, pues lo ofrecían a un precio ridículamente bajo (2 mil pesos), lo cual se conoció a partir de una denuncia ciudadana ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que desembocó en la posterior acción del INE, cuando se confirmó la autenticidad de la información.

Tras reconocer que en algunos casos los partidos han sido irresponsables en el manejo de la información que el INE debe entregarles, consideró que con las medidas adoptadas desde 2016 es remota la posibilidad de que ocurra de nuevo.

“Hasta donde sabemos, estas medidas –que han sido cuestionadas por los partidos– están funcionando, porque no hemos detectado nada parecido con datos que correspondan a listados de 2016 a la fecha. No hay evidencias de que nos hackearon o de que vulneraron nuestro sistema de seguridad. El Registro Federal de Electores tiene buen récord en protección de la seguridad del padrón, pero hay que estar vigilantes de nuevas filtraciones para fincar responsabilidades”.

Refirió que tras detectarse la lista en el sitio buscardatos.com en 2015, el INE asumió la necesidad de restringir a los partidos el acceso a los datos personales. Antes, el INE les entregaba todo: CURP, clave de elector, domicilio e incluso las huellas digitales, pero a partir de entonces se ha limitado a la información básica a que obliga la legislación.

Hasta ahora, los casos más recientes de uso ilegal de la lista nominal solamente han tenido consecuencias administrativas –multas– para los partidos, por no cumplir su deber de cuidar la información, pero no ha tenido implicaciones penales mediante la Fepade.