La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló omisiones del Estado mexicano en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

“El Estado no está cumpliendo cabalmente con su obligación de atender y prevenir los miles de casos de desaparición que se han presentado y se presentan en México.

El Estado no puede ser omiso en sus tareas de seguridad, búsqueda de personas desaparecidas, persecución y sanción de los responsables, dijo Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la CNDH, durante la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), a la cual asistió con la representación del ombudsman nacional.

Eslava Pérez advirtió que a un año de emitida la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas Cometida por Particulares, las disposiciones de tal ordenamiento no están plenamente vigentes ni materializadas.

En 25 entidades, precisó, no existe una comisión local de búsqueda de personas, y en 11 no se cuenta con un organismo de atención a víctimas.

Las únicas entidades con comisión de búsqueda son: Chihuahua, estado de México, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit y Nuevo León.

El problema de las desapariciones en México es algo que no se ha podido detener, mientras el número de víctimas continúa en aumento, agregó.

Hace más de un año, señaló el primer visitador, la CNDH advirtió acerca de la inconsistencia de la información y la falta de metodología en los registros oficiales. A la fecha, muchas de las propuestas no han sido atendidas.

En su oportunidad, Santiago Corcuera, representante del consejo nacional ciudadano del SNBP –designado por el Senado–, lamentó la tardanza en la instalación del sistema, porque los artículos transitorios de la ley marcaban que debió haberse realizado en los seis meses posteriores a la emisión del respectivo decreto.

También manifestó su preocupación por que según el artículo 145 de la ley general citada, deberían haber asistido a la instalación del sistema los titulares de las comisiones locales de búsqueda. Sin embargo, sólo una quinta parte o menos cumplió con esa responsabilidad.

La magnitud de la tragedia, en especial de la desaparición forzada, dijo, debiera ser suficiente para que las entidades cumplan con el mandato.

También hizo énfasis en la importancia de que los familiares de las víctimas participen en la elaboración de protocolos de búsqueda.

Por su parte, Michelle Quevedo Orozco, familiar de una persona desaparecida e integrante del consejo nacional ciudadano, señaló que la participación de los colectivos y familiares ha sido nula, por lo que hizo un llamado para que se les tome en cuenta en los próximos pasos de este sistema que serán fundamentales.

Advirtió que la implementación de la ley general se ha quedado corta, e hizo un llamado a las entidades que no han formado su resprectiva comisión de búsqueda, a llevar a cabo este procedimiento, porque el problema es muy importante, en el que prevalecen la impunidad y las cifras negras.