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PGR acumula pruebas contra Moisés Mansur
 
Periódico La Jornada
Viernes 5 de octubre de 2018, p. 11

La Procuraduría General de la República (PGR) ya localizó en el extranjero a Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres y operador de la red del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa de Veracruz para el blanqueo de dinero derivado del desvío de recursos.

Además, la dependencia busca a 12 ex funcionarios de la administración de Duarte de Ochoa para cumplimentar las órdenes de aprehensión por el delito de peculado.

Respecto a Mansur, cuenta con varios amparos tramitados tiempo antes de la detención del ex gobernador, para evitar su captura y poder acceder a la carpeta de investigación en su contra.

Entre las pruebas que tiene la PGR existe un dictamen en materia de contabilidad en los que dan cuenta de los flujos de dinero por la compra venta de parcelas mediante las operaciones bancarias realizadas por el consorcio Brades, en favor de Moisés Mansur.

También cuenta con escrituras de siete bienes inmuebles como lo es un rancho en Veracruz y un predio rústico en Cosamaloapan, además de un terreno en Valle de Bravo, adquiridos por el prestanombres.

Incluso, de acuerdo con la carpeta de investigación de la PGR, Duarte de Ochoa figuraba como heredero único y universal de todos los bienes de Moisés Mansur en un testamento público abierto, otorgado el 25 de septiembre de 2006 ante la fe del notario público número 44 del estado de México.

Respecto de las 12 órdenes de aprehensión, independientes a la de Mansur, se desprenden de las 80 denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación por el probable desvío de recursos federales.

Aunque esas carpetas de investigación y averiguaciones previas no están relacionadas con el ex gobernador, si de ellas derivara alguna responsabilidad de Duarte de Ochoa, se judicializaría y enfrentaría otro proceso.

Felipe Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, quien encabeza la investigación, comentó que, desde la administración pasada, es decir, con la procuradora Arely Gómez, ya había algunas carpetas de investigación, pero parece que la intención era que no salieran bien. A esas carpetas de investigación no se les había hecho nada.