A cuatro años de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, no ha sido sentenciado ninguno de los detenidos por el llamado caso Iguala. De ellos, 69 están relacionados directamente con la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de los 43 estudiantes. Además, desde mayo de 2016 la Procuraduría General de la República (PGR) no ha difundido nuevas versiones públicas del avance de las indagatorias.

Las últimas actuaciones que se dieron a conocer de manera pública, con la mayor parte de su contenido testado (ocultados o tachonados) para no revelar datos personales de las personas investigadas, fue en mayo de 2016, cuando la titular de la PGR era Arely Gómez González. Fueron cinco tomos integrados por los expedientes profesionales e información personal de cada uno de los 21 elementos de la Policía Federal que el 26 de septiembre de 2014 estuvieron adscritos a la comandancia del municipio de Iguala.

El Ministerio Público Federal no ha integrado en un solo juzgado los más de ocho expedientes consignados ante jueces de distrito, y los inculpados han tenido que comparecer a través de videoconferencia ante instancias judiciales en los estados de Nayarit, Morelos y principalmente Tamaulipas.

Asimismo, indicaron funcionarios de la PGR, están en curso diversos juicios de amparo contra los autos de formal prisión, solicitados en algunos casos por grupos de 15 o más de los presuntos involucrados, por lo que los procesos penales no han pasado a la etapa de presentación de pruebas.

En ese contexto, tribunales con sede en Tamaulipas han ordenado la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala y que se atiendan todas las omisiones que ha cometido la PGR durante sus indagatorias, y aunque el Ministerio Público Federal presentó recursos de revisión –incluso solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar la viabilidad jurídica y material para la integración de esta comisión–, la PGR perdió ya de manera definitiva todos sus recursos y un tribunal colegiado señaló que sí es viable la decisión judicial.

Durante estos cuatro años, en los que la PGR ha estado encabezada por tres titulares del Ministerio Público Federal –Jesús Murillo Karam, Arely Gómez y Raúl Cervantes Andrade–, no se ha avanzado en la localización de fosas clandestinas en las cuales pudieran haber sido inhumados los 43 normalistas, y hasta el momento se mantiene ante los tribunales la llamada verdad histórica que se construyó durante la gestión de Murillo Karam, y de la cual han surgido denuncias de más de 100 casos de tortura, detenciones ilegales y hasta la realización indebida de diligencias.

En este último caso se encuentra la investigación que derivó en un expediente de tipo administrativo en contra del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio, luego de que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes detectaron que se realizaron diligencias en el río Cocula trasladando a un detenido sin la debida autorización de un agente del Ministerio Público y sin la presencia de su abogado, y de ellas se obtuvo como resultado la localización de miles de restos óseos que, según la PGR, corresponden a la incineración de los 43 normalistas en el basurero municipal de Cocula.