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Encabezará activista la Secretaría de los Pueblos Indígenas
Rocío González Alvarado
 
Periódico La Jornada
Martes 25 de septiembre de 2018, p. 34

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) será remplazada por la de los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México y la encabezará la activista y defensora de derechos humanos Larisa Ortiz Quintero, anunció ayer la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, indicó que una de las primeras tareas será someter a consulta entre los pueblos y barrios originarios la pertinencia de esta dependencia, que buscará cumplir con los derechos de este sector de la población emanados de la Constitución de la Ciudad de México.

Sheinbaum explicó que todo el tema concerniente al desarrollo rural quedará a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente.

A su vez, Ortiz Quintero señaló que el 5 de diciembre empezarán los trabajos para la realización de la consulta entre los 139 pueblos originarios, 58 barrios y un sinnúmero de comunidades indígenas de la ciudad para que, de manera conjunta, se construya el plan de trabajo y las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad y transversalidad.

Apuntó que dos acciones que ocuparán a esta instancia será la creación de la universidad intercultural de la Ciudad de México y la elaboración de presupuestos para pueblos y barrios de manera directa.

En otro tema, Sheinbaum dio a conocer que junto con la próxima administración federal se proyecta la creación de un transporte público masivo de Iztapalapa a Ixtapaluca, estado de México, sin precisar si se trata de la ampliación del Metro o un tren interurbano.

Indicó que también se revisará el estado en que se encuentra la ampliación de la línea 12 del Metro y el proceso de construcción del Tren Interurbano México-Toluca, que tienen elevación de costos y retrasos en su ejecución.

Sobre la anulación de la elección de la alcaldía de Coyoacán, consideró que sin duda representa un avance para la vida democrática el hecho de que el tribunal reconozca la violencia de género como un elemento suficiente para anular unos comicios.