yer se desarrolló de manera ejemplar una manifestación de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, organizada para protestar por la persistencia, hasta ahora intocada, y la agresividad, hasta ahora impune, de extraños grupos conocidos como porros. La movilización estuvo acompañada de padres de familia y de alumnos de otras instituciones públicas, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Frente a la rectoría de la UNAM, con columnas provenientes de distintos puntos de Ciudad de México donde hay planteles de educación pública de nivel superior, se denunciaron los hechos sucedidos el pasado lunes en esa misma explanada, cuando jóvenes embozados y con capuchas atacaron a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, unidad Azcapotzalco, quienes, entre otras demandas, exigían transparencia en el uso del presupuesto escolar y seguridad en las instalaciones y sus alrededores.

La nota distintiva de esta manifestación fue el cuidado carácter pacífico que en lo general lograron mantener los integrantes de las marchas, en sus trayectos viales y en el acto final. Ello, a pesar de la prevista participación de grupos de embozados, a los que de manera impropia suele identificarse como anarquistas, los cuales fueron frenados por los propios estudiantes cuando pretendían realizar pintas o actos vandálicos.

Cierto es que esos grupos de oscuro interés político realizaron pintas de leyendas en autobuses del servicio público y, en su retirada, después del acto formal de protesta, detonaron cohetones, cerraron vialidades y lanzaron piedras y objetos contundentes, sobre todo contra periodistas que videogrababan los sucesos. Pero, en general, la manifestación evitó, en su desarrollo oficial, la violencia siempre por (casi) todos tan temida.

Temores en cuanto suele ser imprevisible el destino que pueden tomar este tipo de manifestaciones estudiantiles cuando el fantasma de la violencia, accidental o provocada, se materializa. Es de puntualizarse que lo de ayer sucedió virtualmente a un mes de que se cumpla medio siglo de la noche y madrugada en que fuerzas militares entraron en acción criminal contra estudiantes y ciudadanos reunidos de manera pacífica en un edificio de la unidad habitacional Tlatelolco.

La violencia del Estado mexicano en aquellas horas históricas, con su cauda de muertos, desaparecidos, lesionados y encarcelados, ha marcado la conciencia política de muchos mexicanos y ha sido un referente discursivo y una exigencia constante de las formaciones políticas progresistas o de izquierda, en cuanto a castigo a los responsables (histórico o judicial, según los casos) y veto a que algo parecido pudiera repetirse.

Para tratar de conjurar las posibilidades de desbordamiento de acciones políticas de segmentos estudiantiles críticos, los gobernantes, en diversas etapas, han ido desde la sistemática incorporación de líderes a estructuras de gobierno hasta la creación y sostenimiento de grupos de choque destinados a hostigar y confrontar los eventuales brotes juveniles que pudieran resultar peligrosos para los intereses que están en el poder. Los porros entran en acción para distorsionar, amagar, golpear, provocar y crear ánimo ciudadano y coberturas periodísticas adversas a las movilizaciones estudiantiles o sociales.

En esta ocasión la embestida de los encapuchados contra los estudiantes del CCH-Azcapotzalco, con saldo de dos alumnos con lesiones graves, subrayó la conocida indolencia de las autoridades de la UNAM para dar seguridad en su propio territorio: durante largos minutos se desarrolló la agresión, sin que intervinieran los cuerpos de vigilancia, sin armas, que parecieran tener instrucciones de mantenerse pasivos.

¿Escucharán esta vez a los estudiantes, que se han manifestado sin violencia y en orden? ¿Seguirán las autoridades universitarias convertidas en burocracia grupal, practicante del arribismo político hacia posiciones en el gobierno federal?

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