Guatemala. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebró ayer, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, criticó la inacción del Estado en la búsqueda de unos 45 mi desaparecidos de la guerra civil que sufrió el país entre 1960 y 1996.

Rodas lamentó que una iniciativa de ley para buscar a víctimas de desapariciones forzadas se encuentra en el Congreso desde enero de 2007, aunque no se ha votado a pesar de contar con dos dictámenes favorables.

Guatemala vivió un conflicto armado durante 36 años que dejó unos 150 mil muertos y 45 mil desaparecidos, de acuerdo con un informe auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999.

Las críticas de Rodas se dan en el contexto de esta fecha, establecida en 2011 por la ONU, para recordar a víctimas de la desaparición forzada.

Decenas de indígenas con fotografías de sus familiares y muchos claveles rojos recorrieron las calles de la capital para exigir a los diputados la aprobación de esta ley.

De acuerdo con el procurador, el Estado guatemalteco no impulsa la recuperación de la memoria histórica como uno de los derechos de las víctimas.

En Bogotá, Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, cuestionó los pocos avances del Estado colombiano para dar con las personas desaparecidas que dejó el conflicto armado interno, que según datos del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, asciende en Colombia a más de 137 mil, desde 1938.

En La Paz, el presidente de Bolivia, Evo Morales, reafirmó su compromiso de esclarecer los casos pendientes de desapariciones forzadas, herencia de las dictaduras militares que vivió el país en la segunda mitad del siglo pasado, en particular las encabezadas por Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981).

En Managua, la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos exigió al presidente Daniel Ortega el cese inmediato de la represión y el fin de los secuestros de civiles opositores.