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Consejo Ciudadano elegirá a integrantes de la Judicatura, deciden en la SCJN

Peligra independencia del Poder Judicial, dice la Corte

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▲ Ministros de la SCJN decidieron sobre impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México.Foto José Antonio López
 
Periódico La Jornada
Viernes 31 de agosto de 2018, p. 32

El mecanismo de designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, mediante un Consejo Ciudadano que será nombrado por el Congreso local, sigue vigente en la Constitución local.

Aunque siete ministros se pronunciaron contra ese punto durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se requería de la mayoría calificada (ocho votos) para invalidarlo.

Al continuar con el análisis de las impugnaciones presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dos partidos políticos contra algunas normas de la Constitución de la Ciudad de México, los ministros determinaron que la Judicatura deberá estar integrada mayoritariamente por miembros de carrera judicial.

De este modo, por unanimidad el alto tribunal invalidó el artículo 35, apartado E, que disponía que de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura local, sólo tres serían de carrera judicial.

Asimismo, se resolvió que se mantiene en vigor la prohibición de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX encabece dicho consejo. Siete ministros se pronunciaron por invalidar la medida al considerar que atenta contra la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes, pero se requerían ocho votos.

En la impugnación, la PGR cuestionó el impedimento al presidente del tribunal para poder encabezar el Consejo de la Judicatura local. Argumentó que una adecuada función administrativa de la Judicatura requiere una efectiva representación del Tribunal Superior y que entre ambas instancias existe una estrecha vinculación que no puede ser disociada.

Por su parte, el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, argumentó que los preceptos impugnados por la PGR eran constitucionales, toda vez que las funciones del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia están delimitadas en la Constitución capitalina.