Las principales acciones militares para reducir la violencia se planearán y ejecutarán en horas de oscuridad. Esa fue una de las órdenes recibidas por el teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estuvo al mando del operativo que se llevó a cabo la madrugada del 30 de junio de 2014 en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México.

A esa indicación se sumaba el mandato de que las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) logró obtener un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el que se dan esas intrucciones al personal militar que como parte de la operación Dragón realizó el operativo en Tlatlaya, donde tras un enfrentamiento efectivos militares ejecutaron de manera arbitraria al menos a entre 12 y 15 personas ya desarmadas y que se habían rendido.

Hasta ahora, los que ejecutaron los crímenes y sus mandos siguen sin sanción, pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo las indagatorias. Siete elementos que eran procesados por los hechos fueron liberados debido a que el juez consideró que no había elementos para acreditar la comisión de los delitos, aunque los dejó libres con las reservas de ley.

El mismo día de los hechos, la Sedena informó en un comunicado que habían muerto 22 civiles debido a que el Ejército respondió a un ataque armado por parte de ellos, lo que derivó en un enfrentamiento; además que un día después el entonces gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, reconoció públicamente la labor de los militares y argumentó que en su legítima defensa abatieron a delincuentes.

Sin embargo, semanas después, reportes de prensa y testimonios de algunas de las víctimas que sobrevivieron arrojaron las primeras dudas sobre la versión oficial.

El 21 de octubre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –entonces encabezada por Raúl Plascencia– emitió una recomendación en la que se acreditaron hechos violatorios a las garantías básicas, consistentes en privación arbitraria de la vida (a entre 12 y 15 personas), uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos contra las víctimas, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y acceso a la justicia. Esta recomendación fue reclasificada en enero de 2015 –ya bajo la presidencia de Luis Raúl González Pérez en la CNDH– como violaciones graves a derechos humanos.

Un año después, el Centro Prodh dio a conocer el informe Tla-tlaya a un año: la orden fue abatir, donde hace público el oficio de la Sedena en el cual se da esa instrucción, y demanda que se profundicen las investigaciones hacia la cadena de mando.

Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, se han sumado a la condena, han exigido justicia, han considerado insuficientes las indagatorias y han demandado profundizarlas, pues ven pocos avances.

Para el Centro Prodh la sentencia favorable al amparo promovido por una de las sobrevivientes, dictada por el juez decimocuarto de distrito Érik Zabalgoita, el pasado 25 de mayo, representa para las víctimas y sus representantes legales una ventana de oportunidad para que la PGR rectifique su posición y se pueda llegar a la verdad y la justicia por los hechos en Tlatlaya.